Cuando en noviembre de 2010 se inauguró la presa El Cercado, los gestores colombianos del proyecto la anunciaron como un triunfo de la ingeniería construida en su totalidad con conocimientos técnicos nacionales.Además, el proyecto se vendió como una manera de ayudar a combatir los efectos de las sequías recurrentes en La Guajira, región situada al noreste del país. Pero para las poblaciones indígenas wiwa originarias de la zona de las montañas de la Sierra de Santa Marta, la llegada de la presa supuso un cambio catastrófico en su forma de vida que vino acompañado de una serie de graves abusos contra los derechos humanos. A partir de 2002, las comunidades wiwa que vivían en la zona donde estaba prevista la construcción y sus inmediaciones sufrieron la práctica constante de intimidación, destrucción de viviendas, ataques a lugares de importancia cultural y amenazas y homicidios de sus dirigentes comunitarios y espirituales, perpetrados por las fuerzas de seguridad que actuaban junto con fuerzas paramilitares. Grupos guerrilleros que actuaban en la región también fueron responsables de homicidos y amenazas a miembros de la población wiwa. Antes de que diese comienzo la construcción de la presa en 2006, muchos miembros de las comunidades indígenas wiwa fueron víctimas de desplazamiento forzado de sus hogares. Todo esto se produjo en un contexto en el que no se consultó adecuadamente a los wiwa sobre la presa y sus efectos —tuvieron una única reunión con el organismo encargado de cuestiones medioambientales en la región en mayo de 2005—. Los miembros de la comunidad wiwa dejaron claro que cualquier decisión que se tomara debía tomarla el órgano encargado de la toma de decisiones que representa a los cuatro pueblos indígenas de Sierra Nevada. Las autoridades colombianas no renunciaron a su plan de finalizar la presa de 360 millones de dólares estadounidenses, y tres meses después expidieron la licencia para proceder a su construcción. A día de hoy, los wiwa están haciendo campaña para recibir reparación por el impacto catastrófico que el proyecto ha tenido sobre sus vidas. “Por desgracia, el caso de los wiwa no es único, pero es sintomático de una práctica que se está extendiendo por todo América que consiste en que los gobiernos pisotean los derechos de los pueblos indígenas en nombre del desarrollo económico,” ha manifestado Mariano Machain, adjunto de investigación y acción de Amnistía Internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales en América. Extracción de riquezaLos gobiernos tienen la obligación de proteger de los abusos contra los derechos humanos cometidos por las empresas. Entre las muchas empresas extranjeras que llevan a cabo proyectos extractivos en tierras pertenecientes a comunidades indígenas o sus inmediaciones en América se incluye Goldcorp, empresa con sede en Canadá, que lleva desde 2003 gestionando la mina de oro Marlin en San Marcos, Guatemala. El hecho de que GoldCorp no consultara debidamente a las 18 comunidades indígenas maya que residen en la zona afectada por la mina ha dividido a las comunidades y ha provocado una serie de abusos contra los derechos humanos.En julio de 2010, la activista de base Deodora Hernández resultó herida de gravedad por disparos efectuados a quemarropa por dos hombres no identificados en su propio domicilio en San Marcos. Había hablado públicamente en defensa del derecho de su comunidad al agua ante el temor de que la actividad minera hubiese contaminado las reservas locales de agua.En febrero de 2011, algunos manifestantes fueron atacados tras manifestarse en contra de la mina Marlin. El activista comunitario Aniceto López fue conducido a la oficina del alcalde, donde presuntamente lo golpearon y se profirieron amenazas contra su vida si no dejaba de manifestarse en contra de la mina. Goldcorp ha alegado que cumplió con sus obligaciones con arreglo a la legislación nacional al consultar de antemano a las comunidades, pero el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de las poblaciones indígenas ha señalado que esas obligaciones no cumplen ni por asomo las normas internacionales sobre consulta y consentimiento. Enfrentamientos con las empresas y la legislaciónEn países de toda la región faltan normas nacionales en este sentido. El Grupo de Tratado Hul’qumi’num (HTG por su sigla en inglés) de la Columbia Británica, Canadá, lleva casi dos decenios negociando con los gobiernos federal y provincial en un intento por que se les reconozca legalmente su derecho a la tierra. Mientras las negociaciones se alargan, se ha permitido a empresas madereras y de otros sectores comprar, vender y explotar tierras de las que los hul’qumi’num siguen dependiendo para su subsistencia y ceremoniales. Frustrado por la incapacidad del gobierno de proteger sus derechos, el HTG se ha visto obligado a llevar su caso al árbitro de los derechos humanos en el continente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Robert Morales, negociador del HTG, resumió la postura de muchos pueblos indígenas que se encuentran enfrentados con gobiernos y empresas que amenazan sus derechos: “[Nosotros] no pedimos…que vuelva al pasado e investigue injusticias históricas. Pedimos que se proteja de forma eficaz nuestro derecho a la tierra, de manera que podamos abordar la deforestación actual y otras actividades de desarrollo que tienen lugar en nuestras tierras en la actualidad.” La lentitud de los avancesPese a los innumerables casos por todo América en los que los pueblos indígenas —a menudo con el apoyo de Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil— siguen luchando para que se respeten sus derechos, desde el año pasado se han dejado entrever algunos atisbos de esperanza. En agosto de 2011, Perú aprobó una ley sobre el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados cuando con toda probabilidad se vean afectados por proyectos de desarrollo previstos. Aunque la reacción a la medida fue en un principio positiva —es la primera de este tipo en América—, las negociaciones con los pueblos indígenas de Perú sobre reglamentación adicional y aplicación fracasaron. Las autoridades de Paraguay alcanzaron un acuerdo en febrero de 2012 para restituir el territorio ancestral a la comunidad indígena Yakye Axa, que llevaba dos decenios librando una batalla legal para volver tras ser expulsados de sus tierras por rancheros. Sin embargo, siguen esperando poder acceder a estas tierras. Otros pueblos indígenas de Paraguay, como los Sawhoyamaxa, siguen esperando que se resuelvan los conflictos sobre la propiedad de la tierra que hace años que duran. Y justo el mes pasado, tras una larga batalla legal, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable a Ecuador de violar los derechos del pueblo indígena kichwa de Sarayaku tras permitir que se realizasen exploraciones petroleras en sus tierras ancestrales en la selva amazónica. José Gualinga, dirigente de Sarayaku, está convencido de que la victoria de Sarayaku afectará a toda la región. “Estaremos atentos para asegurarnos de que la resolución se cumple y se respetan los territorios de los pueblos indígenas de Ecuador y todo América frente a actividades extractivas perjudiciales, como la exploración en busca de petróleo. Viva Sarayaku y los pueblos indígenas del continente”, ha declarado Gualinga. Amnistía Internacional seguirá haciendo campaña junto a los pueblos indígenas de la región para garantizar que se respetan sus derechos.“Estos pequeños atisbos de esperanza demuestran que con tesón y determinación, los pueblos indígenas pueden superar las dificultades para garantizar que los Estados respetan sus derechos”, ha manifestado Machain. “Del Círculo Polar Ártico a Tierra de Fuego, pedimos a todos los gobiernos de América que respeten el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y al consentimiento libre, previo e informado. Las autoridades deben colaborar con ellos a fin de garantizar que los proyectos de desarrollo no dañan ni amenazan sus derechos.”
