El detenido de Guantánamo Majid Khan puede pasar hasta 19 años más encarcelado tras declararse culpable de los cargos de terrorismo presentados contra él, mientras que cualquier acto de justicia y rendición de cuentas por los abusos sufridos a manos de las autoridades estadounidenses sigue siendo una posibilidad remota.
En marzo de 2003, las fuerzas paquistaníes se llevaron a Majid Khan del domicilio de su hermano en Karachi, Pakistán. Khan, que por entonces tenía 23 años, pasó a manos de la Agencia Central de Inteligencia estadounidense (CIA), que lo mantuvo detenido en lugares no revelados.
Además de su desaparición forzada –delito de derecho internacional–, mientras estuvo en detención secreta Majid Khan fue sometido a condiciones y técnicas de interrogatorio que violan la prohibición de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Tres años y medio después, Estados Unidos reconoció finalmente su detención cuando el presidente George W. Bush confirmó por primera vez que Estados Unidos tenía un programa de detención secreta.
En un discurso del 6 de septiembre de 2006, Bush anunció que 14 detenidos en este programa de la CIA acababan de pasar a la custodia militar de Estados Unidos en la base de la Bahía de Guantánamo, en Cuba. Uno de ellos era Majid Khan.
Aunque ya no estaba en detención secreta en régimen de incomunicación, en el centro de detención de Guantánamo Majid Khan siguió recluido en duras condiciones de aislamiento y con muy poco contacto con el mundo exterior.
Poco antes de que comenzara su décimo año de detención, el 29 de febrero de 2012, Majid Khan se declaró culpable de los cargos presentados contra él en virtud de una ley que había entrado en vigor varios años después de haber sido puesto bajo custodia. Khan ha dicho que su decisión es “un acto de fe” y espera que, tras cumplir la condena que se le imponga, quedará en libertad.
Los delitos de los que se ha declarado culpable son asesinato e intento de asesinato “en violación de las leyes de la guerra”, conspiración, espionaje y apoyo material para el terrorismo. Estados Unidos define estos delitos como crímenes de guerra en el marco de su concepto unilateral y gravemente viciado de “guerra global” contra Al Qaeda y sus grupos asociados.
La sentencia de Majid Khan se conocerá en febrero de 2016, posiblemente antes. Entretanto, se ha mostrado dispuesto a cooperar con sus captores y no denunciarlos por el trato que ha recibido en el pasado. En virtud del acuerdo de admisión de culpabilidad, si coopera plenamente puede ser condenado a un máximo de 19 años de cárcel.
Sin embargo, sea cual sea la condena que se le imponga, tras haberla cumplido no tendrá garantizada su libertad. La postura del gobierno estadounidense es que puede mantener retenidos a este tipo de detenidos incluso tras haber cumplido sus condenas si lo considera necesario, lo cual constituye una violación del derecho internacional.
Majid Khan lleva ya recluido en Guantánamo casi seis años, además de los 42 meses de detención secreta que pasó en manos de la CIA, que actuaba bajo la autoridad del presidente George W. Bush.
Si bien Khan ha decidido declararse culpable y asumir la responsabilidad de los actos de los que Estados Unidos le acusa, la rendición de cuentas oficial por las violaciones de derechos humanos perpetradas contra él y otros en los programas de detención secreta y entregas de la CIA sigue brillando por su ausencia. Entre estas violaciones está la desaparición forzada y la tortura, ambos delitos de derecho internacional. Obligar a Majid Khan en su acuerdo de admisión de culpabilidad a mantener el secreto y renunciar a todo derecho a presentar recursos por tales abusos viola la obligación de Estados Unidos, expresada claramente en el derecho internacional de los derechos humanos, de proporcionar acceso a un recurso efectivo a toda persona que denuncie haber sido sometida a tales violaciones de derechos humanos.
“El carácter unidireccional de la rendición de cuentas en este caso supone un claro desequilibrio que es contrario al derecho internacional y atenta contra el concepto básico de justicia”, ha dicho Rob Freer, investigador sobre Estados Unidos de Amnistía Internacional.
En una conferencia de prensa celebrada en Guantánamo el 29 de febrero de 2012, después de que un coronel del ejército estadounidense aceptara su acuerdo de admisión de culpabilidad como juez de una comisión militar, el abogado defensor de Majid Khan reiteró que su cliente “fue torturado, y brutalmente” bajo la custodia de Estados Unidos antes de su llegada a Guantánamo.
Esto es lo más que pudo y podrá revelar públicamente sobre el tema, porque los detalles sobre el lugar en el que Majid Khan estuvo bajo custodia secreta y el trato que recibió siguen estando clasificados como secretos del más alto nivel.
El abogado afirmó que el gobierno estadounidense “necesita –y debe– reconocer lo que le ocurrió a Khan y aceptar su responsabilidad por ello” e indicó que “el principio de transparencia no puede ser unidireccional […] debe revelarse lo que les ocurrió a personas como Majid Khan”.
Amnistía Internacional está de acuerdo.
El gobierno estadounidense tiene la obligación de evitar actos de terrorismo, proteger a quienes están amenazado por tales ataques y poner a sus responsables a disposición judicial.
Para ello, Estados Unidos u otros países tienen sin duda derecho a juzgar las acciones admitidas por Majid Khan en relación con tales ataques como crímenes graves (aunque su procesamiento en un tribunal militar como “crímenes de guerra” en virtud de la desmesurada teoría de la “guerra global” de Estados Unidos sigue siendo un despropósito). Sin embargo, a Amnistía Internacional le preocupa que, violando gravemente sus obligaciones legales internacionales, Estados Unidos bloquee la posibilidad de que exista una rendición de cuentas y un recurso legal para las violaciones de derechos humanos perpetradas en el programa de la CIA, que al parecer sigue siendo tan remota como siempre.
“El gobierno estadounidense está utilizando el hermetismo para ocultar el derecho colectivo e individual de las víctimas y la sociedad a la verdad tal como dispone el derecho internacional”, ha dicho Freer.
“Debe revelar, investigar y garantizar la rendición de cuentas de cualquier violación de derechos humanos cometida contra Majid Khan y otras personas en el programa de detención secreta de la CIA.
“Hace mucho tiempo que el gobierno debería haber revelado estas violaciones y rendido cuentas por ellas”.