Un destacado periodista ha contado a Amnistía Internacional cómo las fuerzas del gobierno sirio lo torturaron y mantuvieron recluido en condiciones deplorables antes de expulsarlo a Jordania el lunes. Salameh Kaileh, ciudadano jordano de origen palestino de 57 años, ha vivido y trabajado en Damasco, capital de Siria, desde 1981. El 24 de abril, agentes vestidos de civil de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea de Siria lo detuvo durante una redada en su apartamento de Barzah, una zona residencial de las afueras de Damasco. Amnistía Internacional lo considera preso de conciencia, recluido únicamente por ejercer su derecho a la libertad de expresión. “El principal motivo de mi detención, según tengo entendido, es una conversación que mantuve en Facebook con un amigo que no vive en Siria sobre mi postura con respecto a la revolución y mi opinión sobre la Hermandad Musulmana y todo eso”, ha contado Kaileh a Amnistía Internacional. Tras su detención, Kaileh permaneció recluido en la sección de los servicios de inteligencia de la Fuerza Áerea en Damasco, donde lo insultaron y golpearon durante días. Los agentes emplearon con él la técnica de tortura denominado falaqa, que consiste en azotar las plantas de los pies con una delgada vara de bambú. Un agente sin identificar arremetió contra el origen del periodista profiriendo insultos contra los palestinos.Durante todo el interrogatorio, a Kaileh le preguntaron en repetidas ocasiones sobre su participación en la edición de una publicación política de izquierdas —él niega tal implicación, y afirma que recoge la publicación para su labor periodística—. El 3 de mayo, Kaileh fue trasladado a otra sección de los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea, donde profesionales médicos lo derivaron a un hospital militar en Al Mezzeh tras confirmar que presentaba señales de haber sido torturado. Mientras estuvo en el hospital militar, fue sometido a tortura incluso más que antes. Kaileh y el resto de pacientes estaban hacinados, dos o tres por cama, con las manos y los pies atados y las caras cubiertas con mantas. Les obligaban a defecar y orinar en las camas. “Por desgracia, el hospital era mucho peor que lo que sufrí en prisión. No era un hospital, era un matadero”, ha asegurado Kaileh. “Permanecí en aquel infierno durante una semana… Me obligué a no comer ni beber para no orinar en la cama. Necesitaba tomar medicación para un problema de tiroides y no me la dieron.” Durante ese periodo en el hospital, Kaileh fue sometido a frecuentes y severas palizas mientras se encontraba con los ojos vendados y atado a la cama. Los médicos se sumaban a los militares para proferir insultos contra los pacientes, pero no pudo ver si también participaban en las palizas. Mientras se encontraba detenido, preocupaba seriamente la salud de Kaileh, ya que necesita tomar medicación a diario desde que se recuperó de un cáncer de garganta en 2004. El 10 de mayo, Kaileh fue trasladado del hospital a una sección del Departamento de Inmigración. Funcionarios de esta y otras oficinas ministeriales lo interrogaron antes de expulsarlo por avión a Ammán, capital de Jordania, el lunes.Kaileh ha dicho que desea volver a Siria y se propone interponer una demanda contra su expulsión. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, Kaileh no ha participado en las protestas populares que están teniendo lugar en Siria, y su reclusión y tortura a manos de las autoridades sirias se han debido únicamente a su labor periodística y escritos políticos. Kaileh fue detenido anteriormente en 1991 y condenado a nueve años de prisión en Damasco por su presunta pertenencia al Partido de Acción Comunista.“El espantoso calvario de Salameh Kaileh demuestra hasta dónde son capaces de llegar las autoridades sirias en su intento de aplastar la disidencia”, ha señalado Ann Harrison, directora adjunta del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.“Su espantoso relato es un reflejo de los informes que hemos recibido sobre miles de personas sometidas a tortura y malos tratos mientras se encontraban detenidas —a menudo en condiciones de reclusión enormemente precarias— en medio de la represión ejercida por el gobierno sirio durante los últimos 15 meses.” “No es la primera vez que documentamos la implicación de médicos en violaciones de derechos humanos. Deberían hacer todo lo posible para que las personas recuperen la salud en vez de permitir que se mantenga a los pacientes en condiciones atroces y se los someta a tortura en los hospitales.”En octubre de 2011 Amnistía Internacional publicó un informe que lleva por título, Salud en crisis: ataques del gobierno sirio contra heridos y profesionales de la salud, en el que se documentan los abusos a que sometían a presuntos opositores del gobierno el personal médico, los profesionales de la salud y los funcionarios de los servicios de seguridad en varios hospitales militares o de gestión pública.
Desde el principio de las protestas generalizadas, en gran parte pacíficas, en favor de reformas en Siria en febrero de 2011, la represión de la disidencia ha ocasionado la detención de miles de presuntos opositores. Durante ese tiempo, muchas, si no la mayoría, de las personas detenidas han sido sometidas a tortura y al menos 350 han muerto mientras se encontraban bajo custodia. En el año transcurrido desde su comienzo, aunque han seguido organizándose manifestaciones pacíficas, los disturbios se han vuelto cada vez más violentos, y hay grupos armados de oposición, muchos de ellos más o menos agrupados en torno al Ejército Sirio Libre, que efectúan ataques, sobre todo, contra las fuerzas de seguridad sirias. Según los informes, el Ejército Sirio Libre y otras personas armadas también han cometido abusos, aunque no en la misma medida que las fuerzas del gobierno.Amnistía Internacional conoce los nombres de más de 9.200 personas que, según informes, han muerto o han sido víctimas de homicidio en relación con los disturbios desde mediados de marzo de 2011. Muchas resultaron muertas durante las protestas o en incursiones armadas en pueblos y ciudades, a consecuencia de ejecuciones extrajudiciales, una política de tirar a matar y bombardeos/tiroteos indiscriminados de zonas residenciales. También han muerto miembros de las fuerzas de seguridad, algunos a manos de desertores del ejército que luchan contra el gobierno.A pesar de la presencia de una pequeña misión de observación de la ONU encargada de vigilar la situación, en las últimas semanas la violencia ha continuado, con enfrentamientos, según los informes, entre las fuerzas del gobierno sirio y grupos armados, entre otros, el Ejército Sirio Libre. Amnistía Internacional ha pedido repetidamente que se remita la situación en Siria a la Corte Penal Internacional, se imponga un embargo internacional de armas al país y se congelen los activos del presidente Bashar al Asad y sus allegados.La organización también pide una misión de observadores de Naciones Unidas más eficaz y debidamente dotada con un componente claro de vigilancia de la situación de los derechos humanos.