Por Yuna Han, de la Campaña a favor de la Justicia Internacional de Amnistía Internacional Han trascurrido ya casi seis años desde que la Corte Penal Internacional (CPI) dictase una orden de detención a nombre de Bosco Ntaganda por los cargos de alistar y reclutar a niños y niñas menores de 15 años de edad para que participasen en las hostilidades que tuvieron lugar durante los años 2002-2003 en la provincia de Ituri, República Democrática del Congo.Los cargos se refieren a la época en que era jefe del grupo armado Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo(FPLC), con respecto al reclutamiento y utilización de niños y niñas soldados, pero se espera que se amplíen para incluir los crímenes de lesa humanidad de asesinato y violación. Como Joseph Kony, dirigente del Ejército de Resistencia del Señor, cuya mala reputación se ha visto acrecentada de manera espectacular por la campaña para conseguir su detención en 2012, Ntaganda sigue en libertad.Según los informes, vive sin esconderse en la ciudad de Goma, donde sirve como general del ejército nacional tras haber sido integrado en las fuerzas armadas de República Democrática del Congo junto con parte de un nuevo grupo armado que había formado —el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP)—. En el país se lo conoce como “el exterminador”.La integración —que hasta el momento ha supuesto que se le haya proporcionado un lugar seguro donde eludir a la justicia— se justificó como el precio de la paz. Pero no puede haber paz sin justicia.Además, dar refugio a un fugitivo de la CPI viola claramente la obligación legal contraída por República Democrática del Congo como Estado Parte en el Estatuto de Roma de la CPI, por la que ha accedido a colaborar plenamente con la Corte ejecutando sus órdenes de detención y entregando a sospechosos para que sean sometidos a juicio.Y no es como si Ntaganda hubiese renunciado tranquilamente a su antigua vida. Desde el feudo de Ntaganda en Goma, al este de República Democrática del Congo, soldados bajo su mando han seguido implicados en numerosas violaciones de derechos humanos, incluso después de que la CPI dictase la orden de detención. Integrantes del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo cometieron homicidios ilegítimos, actos de violencia sexual, tortura y reclutamiento de niños y niñas soldados en el distrito de Ituri, al noreste de la República Democrática del Congo, y en la provincia de Kivu Septentrional. Uno de los peores crímenes sucedió en noviembre de 2008 cuando el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo asesinó al menos a 150 civiles en Kiwanja, territorio Rutshuru, en la provincia de Kivu Septentrional. Pero puede que el suelo comience a moverse bajo los pies hasta ahora firmemente asentados de Ntaganda.Según información procedente recientemente del este de Congo, puede que por fin se esté materializando la voluntad política de poner a Bosco Ntaganda a disposición de la justicia. Según indican las noticias emitidas por los medios de comunicación, cientos de soldados congoleños, de los que se sabe que son leales a Ntaganda, han desertado del ejército nacional. La semana pasada, el presidente Kabila declaró: “No necesitamos detener a Bosco y entregarlo a la CPI […]. Nosotros mismos podemos detenerlo y tenemos más de cien motivos para hacerlo y juzgarlo aquí, y si eso no es posible, en cualquier otro sitio, posiblemente en Kinshasa. No son motivos los que nos faltan”.Detener a Bosco, que es un poderoso jefe del ejército, no resultará fácil. Muchos temen que la población civil corra peligro si se intenta detener a Bosco y apartarlo del poder. MONUSCO, la fuerza de mantenimiento de la paz de la ONU en República Democrática del Congo, debe contribuir a su captura y asegurarse de que no se pone en peligro a la población civil.Y aunque las palabras del presidente Kabila constituyen en cierto sentido una señal positiva, si se detiene a Bosco,pero no se lo transfiere a la CPI, República Democrática del Congo se expone a violar su obligación de cooperar con la CPI.Con arreglo al Estatuto de Roma, Bosco Ntaganda podría ser juzgado únicamente en un tribunal nacional si República Democrática del Congo consiguiera demostrar a los jueces de la CPI que sus tribunales se muestran auténticamente dispuestos y pueden juzgar los crímenes de los que se lo acusa. Amnistía Internacional ha documentado cómo decenios de abandono, corrupción e injerencia política en República Democrática del Congo han dado lugar a un sistema de justicia nacional en el que no se puede confiar y que se muestra incapaz de abordar los delitos más graves. En el informe de 2011 The Time for Justice is Now!: New Strategy Needed in the Democratic Republic of the Congo se documentaba la incapacidad del poder judicial de República Democrática del Congo para proteger a testigos y víctimas, hacer cumplir sus propias resoluciones, e incluso mantener en prisión a presos condenados. En este momento, los tribunales militares tienen jurisdicción exclusiva sobre genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra —incluso en casos que atañen a acusados civiles—. Pero el sistema de justicia militar no ha podido enjuiciar ni detener a Ntaganda debido a la falta de apoyo por parte del gobierno congoleño y las amenazas y la intimidación continuas. Juzgar a Ntaganda por crímenes indeterminados ante un tribunal militar que puede condenarlo a muerte y no tener en cuenta la orden existente emitida por la CPI violaría de forma flagrante las obligaciones internacionales contraídas por República Democrática del Congo. Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, ya que viola el derecho a la vida y a no ser sometido a penas crueles, inhumanas o degradantes. Amnistía Internacional pide al gobierno de República Democrática del Congo que detenga a Bosco Ntaganda y lo entregue a la CPI para que sea juzgado sin más demora. La hora de la justiciaDesde su creación en 2002, hace ahora 10 años, la CPI ha dictado órdenes de detención contra 17 personas. Sin embargo, hasta la fecha, sólo se ha entregado a La Haya a siete de estas personas. Quienes continúan en libertad siguen gozando de impunidad mientras las víctimas de los crímenes de los que se los acusa siguen sufriendo sin conseguir justicia ni reparación. Se trata de uno de los mayores retos a los que se enfrenta el nuevo sistema de justicia internacional.Los motivos para la ausencia de detenciones son específicos de cada situación.
Joseph Kony y otros tres dirigentes del Ejército de Resistencia del Señor se esconden en zonas remotas de República Centroafricana, República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Según cree una amplia mayoría, uno de ellos —Vincent Otti— está muerto.El presidente sudanés Omar al Bashir continúa controlando el país y protege a otros tres altos cargos del gobierno acusados por la CPI de crímenes cometidos en Darfur. Resulta preocupante que Bashir haya viajado a muchos países que se han negado a detenerlo. Saif al Islam Gadafi ha sido capturado en Libia, pero el nuevo gobierno se niega a entregarlo a la CPI, insistiendo en juzgarlo en un tribunal nacional cuando el sistema de justicia del país se ha hundido y no puede cumplir con las normas internacionales. Abdullah al Senussi fue detenido hace poco en Mauritania. Sin embargo, en vez de entregarlo a la CPI, el gobierno ha señalado que lo extraditará a Libia.Sin embargo, la atención de la opinión pública mundial se ha vuelto de nuevo hacia los fugitivos de la CPI, lo que hace esperar que la situación cambie.
La campaña para detener a Kony en 2012 ha aumentando la sensibilización de la opinión pública hacia las continuas violaciones cometidas por el Ejército de Resistencia del Señor. En los últimos años también se han potenciado las iniciativas internacionales para detenerlos.Cada vez más se obliga al presidente Bashir a pensarse dos veces sus planes de viaje, ya que se arriesga a que lo detengan cada vez que sale de Sudán. La verdadera prueba será si el gobierno de Malawi, que recibió fuertes críticas por permitirle visitar el país en 2011, le permitirá participar en la cumbre de la Unión Africana que se celebrará en junio. La detención de Mohammed al Senussi, ex jefe de los servicios de inteligencia libios, durante su intento de huir de Mauritania es señal de que algunos Estados ya no están dispuestos a ofrecer un lugar seguro a los fugitivos de la justicia internacional. Se está intensificando la presión sobre las autoridades libias para que entreguen a Saif al Islam Gadafi a la CPI para ser juzgado, tras un fallo emitido recientemente por la CPI insistiendo en que deben cooperar. El aumento de la presión nacional e internacional a consecuencia de la sentencia condenatoria dictada en marzo por la CPI contra el que era su superior por aquel entonces, Thomas Lubanga Dyilo, ha hecho que el presidente Kabila haya indicado que puede que se detenga a Bosco Ntaganda. Sin embargo, el presidente señaló que no lo entregarían a la CPI sino que tratarían de enjuiciarlo en el país.La acción de la opinión pública exigiendo la detención de sospechosos de la CPI y su transferencia a la Corte está desempeñando un importante papel en la presión ejercida sobre los gobiernos para que garanticen que se somete a juicio a estos fugitivos de la justicia internacional. La Campaña a favor de la Justicia Internacional de Amnistía Internacional se compromete a trabajar con sus miembros en todo el mundo para poner de relieve estos casos.Acción global para acabar con la impunidadEl nuevo interés de la opinión pública en los fugitivos de la CPI sirve para presionar a la comunidad internacional a fin de que adopte medidas más efectivas para garantizar que quienes son acusados de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra no puedan eludir la acción de la justicia. No encarcelar a los responsables de cometer estas graves violaciones tiene un efecto pernicioso y de gran alcance. Socava los intentos por establecer el Estado de derecho y daña la credibilidad del sistema de justicia a los ojos de la ciudadanía. Quizás, lo que es más importante, la impunidad da lugar a que las numerosas víctimas sigan sufriendo al negarles justicia, verdad y una reparación plena. Cada uno de nosotros podemos ayudar a detener a Bosco Ntaganda y otros sospechosos de la CPI. Te animamos a que participes en la acción de Amnistía Internacional para decirle al secretario general de la ONU que apoyas que la ONU desempeñe una papel activo en la detención de sospechosos de la CPI, especialmente reforzando las misiones de mantenimiento de la paz de la ONU. Puedes estar al tanto de las acciones y novedades futuras sobre la Campaña a favor de la Justicia Internacional de Amnistía Internacional en Facebook y Twitter.