Las autoridades del estado mexicano de Guerrero, al sur del país, deben anular las órdenes de detención dictadas contra cinco activistas indígenas después de que se haya dejado en libertad a uno de sus compañeros por irregularidades en la causa abierta contra ellos, ha declarado Amnistía Internacional.El preso de conciencia Maximino García Catarino, uno de los dirigentes de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), quedó en libertad ayer tras permanecer dos meses detenido. Fue detenido el 21 de enero acusado falsamente de asesinato y sometido a un juicio sin las debidas garantías. El Tribunal Superior de Guerrero lo dejó en libertad tras descubrir que un juzgado de primera instancia había ordenado que lo detuvieran y juzgaran sin disponer de pruebas fidedignas. Sin embargo, siguen vigentes las órdenes de detención dictadas contra los otros cinco activistas acusados falsamente del asesinato de Juan Teodoro García, cometido en febrero de 2011.“Al ordenar la puesta en libertad de Maximino García Catarino tras revisar su caso, las autoridades judiciales de Guerrero han reconocido la injusticia de su detención y han puesto en duda el motivo esgrimido para su detención y procesamiento”, ha señalado Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México. “Las autoridades deben ahora anular las órdenes de detención dictadas contra los otros cinco indígenas que han sido acusados falsamente, y asegurarse de que se brinda protección a todos los miembros de la OFPM y sus familias de acuerdo con sus deseos. Si se ejecutan las órdenes de detención, los consideraremos presos de conciencia.”El 21 de enero, la policía judicial del estado de Guerrero detuvo en su domicilio a Maximino García Catarino. Según una ONG local, la policía no presentó una orden de detención ni alegó un motivo para su detención. Más tarde lo acusaron del asesinato de Juan Teodoro García, integrante de una comunidad vecina, cometido en febrero de 2011. La policía interrogó a Maximino García Catarino sobre otros dirigentes de la OFPM, y lo golpearon cuando se negó a contestar. El activista indígena fue trasladado entonces a la prisión local, pero no fue puesto a disposición judicial hasta el 23 de enero. En el juicio que se celebró posteriormente no se tuvieron en cuenta las pruebas aportadas por la defensa que demostraban que no puedo haber cometido el crimen y se pasaron por alto irregularidades en la causa abierta por la fiscalía.Amnistía Internacional pide a las autoridades de Guerrero que lleven a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de Juan Teodoro García a fin de establecer los hechos y poner a los verdaderos autores a disposición de la justicia. La organización cree que se juzgó y encarceló a Maximino García Catarino en represalia por su activismo de derechos humanos legítimo en favor de su comunidad indígena. Organizaciones de derechos humanos han documentado casos de otros activistas indígenas de Guerrero a quienes no se ha juzgado con las debidas garantías y se podría encarcelar durante periodos prolongados basándose en cargos penales falsos.“Este caso no debe cerrarse con el fallo del Tribunal Superior —se debe hacer rendir cuentas a la policía, el fiscal y los funcionarios judiciales que participaron en la detención y el procesamiento injustos de Maximino García Catarino—”, ha declarado Rupert Knox. “Resulta imprescindible para acabar con la impunidad de los funcionarios públicos que se aprovechan del sistema judicial para perseguir al colectivo de activistas y defensores de los derechos humanos en Guerrero.”
