Zayn al Abidin Muhammad Husayn, más comúnmente conocido como Abu Zubaydah, fue detenido a finales de marzo de 2002 en una casa en Faisalbad (Pakistán). Fue entregado a Estados Unidos, donde la CIA lo mantuvo recluido en detención secreta en diversos lugares no revelados hasta el 4 de septiembre de 2006, en que lo trasladaron a la Bahía de Guantánamo.
En 2008, la CIA admitió que había sometido a Abu Zubaydah a la práctica de waterboarding, técnica consistente en hacer sentir al detenido que se está ahogando. Desde entonces, se ha sabido que en agosto de 2002 se le aplicó más de 83 veces la tortura antes mencionada. Además, Abu Zubaydah fue presuntamente sometido a una serie de técnicas de interrogatorio y condiciones de reclusión que, por separado o en conjunto, violaban la prohibición internacional de tortura y otros malos tratos. Entre otros, se incluyen años de reclusión y detención en régimen de aislamiento, el mantenimiento de posturas en tensión, golpes, obligación de estar desnudo largos períodos, la privación del sueño, el uso de música alta, la exposición al frío, el uso prolongado de grilletes, amenazas, la obligación de afeitarse, condiciones crueles de traslado y la privación o restricción de alimentos.
Hoy, Abu Zubaydah sería uno de los 48 detenidos en Guantánamo de los que el gobierno de Obama dijo en 2010 que pretende retenerlos indefinidamente sin juicio, aunque no se ha confirmado. Tres años y medio después de que la Corte Suprema de Estados Unidos resolviera en el caso Boumediene v. Bush que los detenidos de Guantánamo tenían derecho a una vista “sin demora” para impugnar la legalidad de sus detenciones, esta vista aún no ha tenido lugar.
Es improbable que prospere la petición de hábeas corpus presentada por Abu Zubaydah hace más de tres años, dada la autoridad de la detención que el gobierno alega y que los tribunales han apoyado en otros casos. Pero incluso en el caso de que prosperase la petición, no está claro adónde iría, puesto que es un palestino sin Estado. El gobierno de Obama se ha mostrado dispuesto a seguir manteniendo recluidos de forma indefinida en Guantánamo a personas cuya detención ha sido proclamada ilegítima por los tribunales, pero para cuya liberación no se ha encontrado ninguna solución “diplomática”. La Corte de Apelación del Circuito del Distrito de Columbia ha resuelto que, en el caso de un detenido en Guantánamo con una sentencia favorable respecto a la ilegitimidad de su detención, una corte federal de primera instancia no puede obligar al gobierno a liberarlo mientras éste esté haciendo de buena fe “intentos diplomáticos para encontrar un país adecuado” dispuesto a admitirlo. Ese país nunca serán los propios Estados Unidos, dada la política gubernamental –aprobada por la Corte de Apelaciones– de no hacer lo que pide a otros países que hagan, es decir, recibir a detenidos liberados.
Nadie ha comparecido ante la justicia por las violaciones de derechos humanos, incluidos crímenes recogidos en el derecho internacional, cometidos contra Abu Zubaydah. En sus memorias, publicadas en noviembre de 2010, el ex presidente George W. Bush afirmó que había autorizado el uso de “técnicas de interrogatorio mejoradas”, incluido el simulacro de ahogamiento, contra Abu Zubaydah. El programa de detenciones secretas de la CIA estuvo en funcionamiento bajo la autoridad presidencial.
Las autoridades estadounidenses no han confirmado dónde estuvo recluido Abu Zubaydah cuando se encontraba bajo custodia de la CIA, y los detalles sobre los interrogatorios, las condiciones de reclusión y los lugares en que fue recluido siguen siendo información clasificada como máximo secreto. Se sabe que algunos de los lugares en que fue recluido en secreto bajo custodia de la CIA fueron Tailandia, Polonia y la Bahía de Guantánamo.
A lo largo de los años, Estados Unidos ha acusado a Abu Zubaydah de, entre otros delitos, ser un miembro dirigente de Al Qaeda. Sin embargo, a los efectos del hábeas corpus, Estados Unidos no ha alegado que Abu Zubaydah fuera miembro de Al Qaeda o hubiera estado implicado directamente en los ataques del 11/S o los conociera con antelación. La naturaleza exacta de las acusaciones reales de Estados Unidos contra él no están claras, ya que la gran mayoría sigue siendo información clasificada. Al igual que con otros detenidos, si Estados Unidos tiene pruebas que respalden cargos formales de delitos comunes válidos contra él en un juicio ante tribunales ordinarios, puede mantenerlo en detención mientras se sustancian esos cargos en un proceso con las debidas garantías; de no ser así, en línea con el funcionamiento normal de los sistemas de justicia penal, debería liberarlo.
Binyam Mohamed: etíope con residencia en Reino UnidoLiberado de la custodia estadounidense; aún busca un resarcimiento por las violaciones de derechos humanosNacido en Etiopía, Binyam Mohamed viajó a Gran Bretaña en 1994 buscando asilo político. Vivió en el Reino Unido siete años y se le autorizó a permanecer en el país mientras se investigaba su solicitud de asilo.
Binyam Mohamed fue detenido en Karachi (Pakistán) el 9 de abril de 2002. Más de dos años después, el 19 de septiembre de 2004, fue trasladado a Guantánamo. Mientras tanto, parece ser que fue entregado a Marruecos, donde estuvo recluido 18 meses; después, trasladado a la “prisión negra” (dark prison), dirigida por la CIA, en Kabul (Afganistán) y, posteriormente, recluido en la base aérea de Bagram.
A finales de 2009, una magistrada de una corte federal de primera instancia recopiló las pruebas que le habían sido presentadas sobre las violaciones de derechos humanos cometidas contra Binyam Mohamed, quien en febrero de ese año fue liberado de Guantánamo y enviado al Reino Unido. Binyam Mohamed ha denunciado que fue sometido a tortura y otros malos tratos en Pakistán, Marruecos y la “prisión negra”.
La jueza constató que el gobierno estadounidense “no refuta ni niega la exactitud de la historia de trato brutal denunciada por Binyam Mohamed”. Asimismo, concluyó que las denuncias se sustentan en “numerosos indicios de credibilidad” debido a su grado de detalle y su coherencia, y al hecho de que Binyam Mohamed “ha presentado sus denuncias de forma pública y enérgica ante los tribunales británicos tras ser liberado de la Bahía de Guantánamo”. “Su persistencia al narrar los hechos”, concluyó la jueza, “denota su voluntad de demostrar la verdad de su versión de los eventos tanto en los tribunales de justicia como en el tribunal de la opinión pública”. Y prosigue:
La brutal y continuada experiencia de Binyam Mohamed durante su detención tiene un gran peso ante el tribunal… El trauma de Binyam Mohamed duró dos largos años. Durante ese tiempo, fue torturado física y psicológicamente. Le mutilaron los genitales. Fue privado de sueño y alimento. Fue trasladado de forma sumaria de una prisión extranjera a otra. Los captores lo mantuvieron en posturas en tensión durante varios días seguidos. Se le obligó a escuchar música ensordecedora, así como los gritos de otros prisioneros, mientras estaba encerrado en una celda totalmente oscura. Durante todo el tiempo, se le obligó a culparse a sí mismo y a otros en varias conspiraciones que harían peligrar la vida de ciudadanos estadounidenses. El gobierno no refuta estas pruebas.
Aunque la identidad de los distintos interrogadores cambiaba (de incontables paquistaníes a marroquíes, americanos y un agente especial [censurado], no hay duda de que, a lo largo de toda su odisea, Binyam Mohamed estuvo recluido a instancias de Estados Unidos. Los captores cambiaron los centros de detención y, a menudo, también su ubicación dentro de cada centro de detención. Se lo trasladó de un país a otro; se le interrogó y golpeó sin que tuviera acceso a ningún tipo de asesoramiento hasta llegar a la Bahía de Guantánamo…
A pesar de este comentario judicial, las autoridades estadounidenses no han cumplido con la obligación de investigar y hacer comparecer ante la justicia a las personas responsables de estas violaciones. Además, el gobierno de Obama ha continuado la política de su predecesor caracterizada por bloquear de forma activa cualquier posibilidad de reparación.
Binyam Mohamed formaba parte de un grupo de cinco demandantes en un pleito –Mohamed v. Jeppesen– interpuesto ante un tribunal federal estadounidense en el que denunciaban haber sido objeto de desaparición forzada, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes infligidos por personal estadounidense y agentes de otros gobiernos bajo el programa de entregas extraordinarias de la CIA. El 8 de septiembre de 2010, una corte federal de apelaciones ratificó, por seis votos frente a cinco, la decisión de el gobierno de Obama de invocar la “prerrogativa del secreto de Estado” para desestimar la demanda, lo que posiblemente ponga fin a la búsqueda de una reparación judicial en Estados Unidos para estos hombres.
Los cinco jueces discrepantes advirtieron que la doctrina de los secretos de Estado “es tan peligrosa como medio para encubrir conductas indebidas del gobierno bajo el disfraz de la seguridad nacional, y supone una violación tan grave de los derechos comunes al debido proceso jurídico, que los tribunales deberían restringir su aplicación a la menor cantidad de circunstancias que aún protegen los secretos esenciales del gobierno”. Acusaron a los seis jueces del voto mayoritario de “agregar, de forma gratuita, el término ‘supuestamente’ a casi todos los enunciados que describían lo que los demandantes alegaban que les había ocurrido, y de desestimar con rapidez la gran cantidad de pruebas disponibles públicamente que respaldaban las denuncias”. Los jueces discrepantes publicaron un apéndice en el que se recopilaban unas 1.800 páginas de materiales públicos presentados que respaldaban las denuncias de los demandantes.
El 16 de mayo de 2011, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó la causa sobre entregas extraordinarias Mohamed v. Jeppesen, con lo que se mantuvo la sentencia de la corte federal de apelaciones. En noviembre de 2011, los demandantes llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El caso está pendiente de resolución.
Musa ab Omar al Madhwani: yemeníUna resolución judicial que reconoce los abusos no se ha traducido en rendición de cuentas; recluido sin cargos ni juicio; petición de hábeas corpus infructuosa. Solicitud de revisión ante la Corte Suprema en cursoEl ciudadano yemení Musa ab Omar al Madhwani tenía 22 años cuando las autoridades paquistaníes lo detuvieron en un apartamento en Karachi el 11 de septiembre de 2002. Al Madhwani ha denunciado que lo ataron, le vendaron los ojos, lo golpearon con un rifle y lo amenazaron de muerte. Estuvo recluido bajo custodia paquistaní durante unos cinco días y fue luego entregado a las fuerzas estadounidenses, que lo trasladaron en avión a Afganistán. Afirma que lo llevaron a una “prisión negra” (dark prison), o centro secreto dirigido por Estados Unidos en Kabul o en sus inmediaciones. Al Madhwani asegura que, durante los 30 o 40 días que estuvo en este centro, sufrió un sinnúmero de abusos. Ha alegado que lo golpearon y le dieron patadas, que lo mantuvieron en una oscuridad total, le privaron de alimentos y sueño, y lo expusieron a condiciones de frío extremo. Asimismo, afirma que estuvo parcialmente suspendido de la mano izquierda todo el tiempo que pasó en prisión, por lo que nunca podía sentarse; además, todo el peso del cuerpo recaía sobre un solo pie, lo que provocó un daño permanente en el nervio. Después, lo trasladaron a la base aérea estadounidense de Bagram, donde le retuvieron otros cinco días y sufrió más abusos. Finalmente, el 28 de octubre de 2002, le trasladaron a Guantánamo, donde continúa.
En una vista de hábeas corpus que tuvo lugar anta una corte federal de primera instancia el 14 de diciembre de 2009 –más de siete años después de que Al Madhwani fuera trasladado a Guantánamo–, el juez mencionó que el gobierno estadounidense no había hecho “ningún intento” de refutar las denuncias de tortura de Al Madhwani, y que “no había pruebas en el informe” de que no se ajustaran a la realidad. Por el contrario, el juez añadió que las denuncias fueron confirmadas por “los informes médicos gubernamentales no impugnados que describen el deterioro de su estado médico y físico durante aproximadamente los 40 días que estuvo recluido en Pakistán y Afganistán, y confirman las denuncias de condiciones coercitivas”. El juez resaltó que, tal como se describe en el testimonio clasificado de Al Madhwani “sobre las condiciones de reclusión, que encuentro creíbles, Estados Unidos participaba en las prisiones en que estuvo recluido y al parecer ha dirigido las técnicas de interrogatorio tan crueles a las que ha sido sometido”.
En enero de 2010, la corte federal de primera instancia denegó la petición de hábeas corpus de Musa ab al Madhwani, a pesar de que el juez afirmó que “no estaba convencido” de que el detenido supusiera una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, dada la ausencia de pruebas de que hubiera “disparado un arma en batalla” o “planeado, participado o conocido con antelación conspiraciones terroristas”. Hoy, Musa ab al Madhwani sigue en Guantánamo sometido a las atribuciones de detención del gobierno de Estados Unidos en el marco de su “guerra” global. La Corte de Apelaciones ratificó la resolución de la corte federal de primera instancia en mayo de 2011. En octubre de 2011 se presentó ante la Corte Suprema de Estados Unidos una petición para se hiciera cargo del caso.
En el contexto de los procedimientos de hábeas corpus, las autoridades estadounidenses han alegado que Musa ab al Madhwani había viajado a Afganistán en 2001 antes de su detención en Pakistán con el fin de recibir entrenamiento en el uso de armas de fuego en un campo de Al Qaeda, y que estaba relacionado con miembros de Al Qaeda. Aunque él ha negado los cargos, la corte federal de primera instancia resolvió que había pruebas suficientes que demostraban que Musa ab al Madhwani formaba “parte de” Al Qaeda y, por tanto, podía seguir recluido.
Al igual que con otros detenidos, si Estados Unidos tiene pruebas que respalden los cargos formales de delitos comunes válidos contra él en un juicio ante tribunales ordinarios, puede mantenerlo en detención mientras se sustancian esos cargos en un proceso con las debidas garantías; de no ser así, en línea con el funcionamiento normal de los sistemas de justicia penal, debería liberarlo.
Mohamedou Ould Slahi: mauritanoSometido a tortura u otros malos tratos en Guantánamo; detención indefinida sin cargos ni juicio; ganó el recurso de hábeas corpus, que se revocó en la apelaciónEste ciudadano mauritano fue detenido en Mauritania en noviembre de 2001. Una semana después, se le entregó a Jordania, donde estuvo recluido ocho meses. Posteriormente, en julio de 2002, fue trasladado a Afganistán, donde estuvo recluido en Bagram y, el 4 de agosto de 2002, lo trasladaron a Guantánamo. Además de ser objeto de desaparición forzada, Mohamedou Slahi fue presuntamente sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en Jordania, Bagram y Guantánamo, así como durante los traslados.
En 2003, en Guantánamo, se le privó presuntamente de sueño durante unos 70 días seguidos, sometido a iluminación estroboscópica y música heavy metal a volumen alto, amenazas contra él y su familia, intimidación con perros, temperaturas frías, riego con agua fría, ataques físicos y privación de alimentos.
En abril de 2010, un juez federal afirmó que había “numerosas pruebas” de que Mohamedou Slahi había sido sometido a “malos tratos graves e importantes en Guantánamo desde mediados de junio hasta septiembre de 2003”. Durante este período, sus captores militares estadounidenses lo clasificaron en la “categoría de proyecto especial” y lo sometieron a un “plan de interrogatorio especial”, de 90 días, aprobado por diversos oficiales de alga graduación, entre ellos el secretario (ministro) de Defensa. Donald Rumsfeld relata en las memorias que publicó en 2011 que había “aprobado técnicas de interrogatorio que no se encuentran en el habitual Manual de Campo del Ejército” para que le fueran aplicadas a Mohamedou Ould Slahi dado que éste “se resistía obstinadamente a ser interrogado”.
En abril de 2010, un juez federal estadounidense ordenó la liberación de Mohamedou Ould Slahi. El juez concluyó que la detención era ilegítima y añadió que “un tribunal de hábeas corpus no puede permitir que un hombre sea retenido de forma indefinida basándose en una sospecha o porque el gobierno prevé que puede realizar actos ilegales en el futuro…”. El gobierno de Obama no estuvo de acuerdo y recurrió.
En el marco de la guerra global de Estados Unidos, el gobierno de Obama adujo que la detención de Mohamedou Slahi era legítima. Los abogados del Departamento de Justicia de Estados Unidos argumentaron que no era necesario que Slahi hubiera “participado personalmente en combate” y que, además, “carecía de importancia” que hubiera sido trasladado a custodia estadounidense “en un lugar distinto de Afganistán”. La facultad presidencial de detención, continuaba la argumentación, “no se limita a las personas capturadas en un ‘campo de batalla’ en Afganistán” y afirmar lo contrario supondría “mutilar la capacidad del presidente para combatir a Al Qaeda con eficacia”. En noviembre de 2010, la Corte de Apelaciones anuló la sentencia de la corte federal de primera instancia y devolvió el caso para que continuaran los procedimientos sobre la cuestión de si Mohamedou Slahi formaba “parte de” Al Qaeda en el momento en que fue puesto bajo custodia, a pesar de sus afirmaciones de que en aquel momento ya había cortado todos los lazos con el grupo. Habrá una nueva vista de hábeas corpus en la corte federal de primera instancia en algún momento de 2012. Para entonces, Mohamedou Slahi habrá estado bajo custodia sin cargos ni juicio más de un decenio.
Según la corte federal de primera instancia, Mohamedou Ould Slahi fue detenido en primer lugar bajo la sospecha de que había participado en la fallida “conspiración del milenio” consistente en atentar con bombas contra el aeropuerto internacional de Los Ángeles. El gobierno mantenía que Slahi seguía formando “parte de” Al Qaeda, lo que el detenido negaba. El juez manifestó que “el problema del gobierno es que la prueba de que Slahi brindaba apoyo material a los terroristas está tan atenuada, o tan empañada por la coerción y los malos tratos, o es información clasificada, que no puede servir de fundamento a un procedimiento penal con éxito”.
Al igual que con otros detenidos, si Estados Unidos tiene pruebas que respalden los cargos formales de delitos comunes válidos contra él en un juicio ante tribunales ordinarios, puede mantenerlo en detención mientras se sustancian esos cargos en un proceso con las debidas garantías; de no ser así, en línea con el funcionamiento normal de los sistemas de justicia penal, debería liberarlo.
Abd al Rahim Hussayn Muhammed al Nashiri: saudíSometido a tortura y desaparición forzada, se enfrenta en la actualidad a un juicio injusto a cargo de una comisión militar y a una posible ejecuciónEl ciudadano saudí Abd al Rahim Hussayn Muhammed al Nashiri ha permanecido bajo custodia estadounidense durante más de nueve años, de los cuales más de cinco han transcurrido en Guantánamo. Será juzgado por una comisión militar y se enfrenta a una posible condena a muerte.
Las fuerzas de seguridad locales lo detuvieron en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) en octubre de 2002 y se lo entregaron a agentes estadounidenses un mes más tarde. Aunque se formuló un escrito de acusación en un tribunal federal estadounidense unos pocos meses después de su detención en 2002, no se llevó a Abd al Nashiri ante la justicia sin demoras injustificadas, como estipula el derecho internacional, sino que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) lo mantuvo durante casi cuatro años bajo custodia secreta en diversos lugares no revelados.
Durante el tiempo que permaneció bajo custodia de la CIA, fue objeto de desaparición forzada y de tortura, incluida la práctica de simulacro de ahogamiento, o waterboarding. La información divulgada en el dominio público indica que a Abd al Rahim al Nashiri también le colocaron grilletes, lo encapucharon y lo obligaron a desnudarse, además de recibir amenazas con una pistola de mano y un taladro eléctrico.
El 4 de septiembre de 2006 fue trasladado a la custodia militar estadounidense de Guantánamo, donde continúa. Durante el gobierno de Bush fue acusado formalmente de cargos punibles con la muerte que habían de juzgar una comisión militar, pero el juicio aún no había tenido lugar al final del mandato de ese gobierno. El 20 de abril de 2011, durante el gobierno de Obama, el Pentágono anunció que Abd al Rahim al Nashiri había sido acusado de conformidad con la Ley de Comisiones Militares de 2009 de, entre otros delitos, “asesinato en violación de la ley de la guerra” y “terrorismo”. Se le acusa de haber dirigido el ataque contra el USS Cole en Yemen el 12 de octubre de 2000, en el que murieron 17 marineros estadounidenses y otros 40 resultaron heridos, además del ataque contra el petrolero francés MV Limburg en el golfo de Adén el 6 de octubre de 2002, en el que murió un miembro de la tripulación.
El 28 de septiembre de 2011, la “autoridad convocante” de las comisiones militares aprobó la petición de pena de muerte formulada por la fiscalía.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte de forma incondicional. Aunque el derecho internacional en materia de derechos humanos reconoce que en algunos países la pena de muerte sigue vigente, prohíbe cualquier imposición y ejecución de una condena a muerte otorgada en un juicio que no haya cumplido plenamente con las normas internacionales relativas a juicios justos. Amnistía Internacional considera que las comisiones militares estadounidenses incumplen las normas internacionales y que, por consiguiente, la ejecución de la pena de muerte tras dichos juicios supondría una violación del derecho internacional. Abd al Nashiri debe ser procesado en un juicio justo formado por tribunales civiles ordinarios sin posibilidad de imponer una condena a muerte.
Nadie ha comparecido ante la justicia por las violaciones de derechos humanos, incluidos los crímenes recogidos en el derecho internacional de tortura y desaparición forzada, cometidos contra Abd al Nashiri.