Cuando se cumplen tres años de la represión violenta de la “Revolución Azafrán”, Amnistía Internacional pide al gobierno de Myanmar que ponga en libertad de inmediato y sin condiciones a todos los presos políticos detenidos por su activismo pacífico.
Las autoridades de Myanmar mantienen todavía encarcelados a más de 2.200 presos políticos, más del doble de los recluidos antes de las protestas de agosto de 2007 contra la acusada subida del precio de los combustibles y los productos básicos.
“Mientras la comunidad internacional, incluidos los Estados de la ASEAN vecinos de Myanmar, ha estado pidiendo la celebración de elecciones libres, justas y e inclusivas en el país, se ha pasado por alto la difícil situación de los millares de presos políticos que hay en él”, ha manifestado Benjamin Zawacki, investigador de Amnistía Internacional sobre Myanmar.
Amnistía Internacional cree que la gran mayoría de estas personas encarceladas son presos de conciencia, a quienes se está castigando simplemente por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, reunión y asociación.
El gobierno de Myanmar celebrará el 7 de noviembre de 2010 sus primeras elecciones en 20 años y lo hará contra un fondo de represión política y violencia sistemática. Según la Ley Electoral de marzo de 2010, ningún preso político puede participar en las elecciones ni pertenecer a ningún partido político.
En los últimos meses, la atención internacional ha estado centrada en las maniobras entre los militares y los partidos que representan al gobierno, por un lado, y los grupos armados de las minorías étnicas, la Liga Nacional para la Democracia y un pequeño número de nuevos partidos de oposición, por el otro.
“El problema del encarcelamiento por razones políticas, persistente en Myanmar desde hace mucho tiempo, sigue siendo en gran media la causa del estancamiento político del país –ha explicado Benjamin Zawacki–. Estos presos constituyen una importante parte de la oposición política.”
En agosto y septiembre de 2007, en la mayor muestra de descontento popular con el gobierno militar de Myanmar desde el levantamiento en favor de la democracia de 1988, decenas de miles de manifestantes salieron a la calle, encabezados por monjes budistas, para exigir reformas económicas y políticas.
A finales de septiembre de 2007, las autoridades sofocaron con violencia las manifestaciones pacíficas que venían celebrándose en todo el país. Murieron entre al menos 31 personas y posiblemente más de 100, resultaron heridas muchas más y desaparecieron por lo menos 74. Asimismo, fueron detenidas millares.
La brutal represión provocó la condena internacional, incluida una expresión sin precedente de repulsa y demanda de cambios del Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).
Sin embargo, incluso ahora que se dispone a celebrar sus primeras elecciones en dos decenios, en el marco de lo que ha dado en llamar “mapa de ruta a la democracia”, Myanmar continúa reprimiendo la oposición política.
“Es increíble que el gobierno intente bruñir sus credenciales democráticas celebrando elecciones a la vez que mantiene encarcelados, fuera de la vista de las campañas y las votaciones, a más de 2.200 presos políticos –ha manifestado Benjamin Zawacki–. La comunidad internacional debe indicar a Myanmar que estas prácticas no pueden conciliarse con un verdadero mapa de ruta a la democracia.”
Los presos políticos de Myanmar se encuentran recluidos en condiciones deplorables.
Muchos de los que participaron en la Revolución Azafrán, como la activista de los derechos obreros Su Su Nway, el activista y líder monje U Gambira, y los miembros del grupo Estudiantes de la Generación del 88 Min Ko Naing, Htay Kywe, Mie Mie, Ko Mya Aye y Zaw Htet Ko Ko, están mal de salud. En los dos últimos años se ha trasladado al menos a 238 presos políticos a cárceles muy remotas, restringiéndoles así la comunicación con sus familias y sus abogados y el acceso a servicios médicos. Asimismo, hay innumerables informes sobre tortura y otros malos tratos. Al Comité Internacional de la Cruz Roja se le niega el acceso a las prisiones de Myanmar desde finales de 2005.
“Cuando se cumplen tres años de la Revolución Azafrán, Amnistía Internacional hace un llamamiento a los líderes mundiales para que pidan al gobierno de Myanmar que deje de inmediato en libertad a todos los presos políticos y garantice la protección de los derechos humanos durante el periodo electoral y posteriormente”, ha señalado Benjamin Zawacki.