La prohibición mundial de las bombas de racimo que entra en vigor el 1 de agosto constituye el tratado humanitario y de desarme más avanzado en más de una década, afirmó el domingo Amnistía Internacional.
La Convención sobre Municiones en Racimo, que prohíbe las bombas de racimo y obliga a los Estados a prestar asistencia a las víctimas al tiempo que despejan el terreno de este tipo de munición, pasará a ser ley internacional vinculante en los países que han firmado y ratificado el Tratado, entre otros, España, Japón, Níger, México y Reino Unido.
“Este Tratado supone una medida crucial para proteger a la población civil, durante y después de un conflicto armado, de esta arma cruel e indiscriminada”, ha señalado Sauro Scarpelli, adjunto de investigación y acción sobre armamento de Amnistía Internacional.
“Como sucedió en 1997 con el Tratado que prohibía las minas terrestres antipersonal, esta Convención representa una victoria histórica para los activistas de la sociedad civil en todo el mundo, y demuestra que los gobiernos están dispuestos a poner fin al sufrimiento que causan las bombas de racimo a la población civil.”
Amnistía Internacional y cientos de ONG, así como víctimas de explosiones indiscriminadas de bombas de racimo, han estado haciendo campaña para conseguir la prohibición total de este tipo de municiones.
Adoptada en Dublín el 30 de mayo de 2008 y abierta para la firma en Oslo en diciembre de 2008, la Convención prohíbe el uso, producción, almacenamiento y transferencia de municiones de racimo.
Pide asimismo que en un plazo de ocho años se destruyan los arsenales existentes; que en un plazo de 10 años se despejen de municiones de racimo las zonas contaminadas; y que se preste asistencia a las víctimas de estas armas y a las comunidades afectadas.
Hasta la fecha, han firmado la Convención 107 países y la han ratificado 37, entre los que se encuentran ex usuarios y productores de municiones de racimo, así como
países afectados por estas armas.
El último uso confirmado de municiones de racimo en un conflicto armado serio fue objeto de condena internacional cuando tanto Rusia como Georgia las utilizaron en agosto de 2008 en el conflicto sobre Osetia del Sur.
En las últimas semanas, Moldavia y Noruega han destruido sus últimos arsenales de municiones de racimo, uniéndose a España, que destruyó su arsenal el año pasado.
Casi una docena de otros Estados han comenzado la destrucción, incluido Reino Unido, uno de los principales ex usuarios y productores de municiones de racimo.
Amnistía Internacional ha pedido a todos los gobiernos que no han firmado aún el Tratado que lo hagan de inmediato, y que se comprometan a proteger a la población civil de los efectos mortíferos de los conflictos armados.