Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades israelíes que dejen de demoler viviendas y otros edificios palestinos en Cisjordania, a raíz de la destrucción de otras 74 estructuras en el valle del Jordán a principios de esta semana.
El lunes, el ejército israelí ejecutó las demoliciones en los pueblos de Hmayyir y Ein Ghazal, en la zona de Al Farisiya, lo que provocó el desplazamiento de 107 personas, entra ellas 52 niños y niñas.
Según la ONU, desde comienzos de 2010 han sido demolidas al menos 198 estructuras palestinas en Cisjordania, lo que ha supuesto el desplazamiento de casi 300 palestinos, la mitad de ellos niños, y ha afectado de otras formas a otros 600.
“Estas últimas demoliciones hacen temer que sean parte de una estrategia del gobierno israelí para expulsar a la población palestina de la zona de Cisjordania conocida como “zona C”, sobre la que Israel tiene control absoluto en materia de urbanismo y construcción”, ha declarado Philip Luther, director adjunto del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
Entre las estructuras destruidas por el ejército israelí el pasado lunes figuraban tiendas de campaña utilizadas como viviendas, cocinas y retretes independientes, estructuras agrícolas y corrales.
Asimismo, el ejército destruyó cisternas de agua, más de media tonelada de trigo para consumo humano y forraje para ganado.
Las demoliciones se llevaron a cabo tres semanas después de que el ejército entregara órdenes de desalojo a los habitantes del pueblo. Se les dijo que tenían 24 horas para abandonar la zona. A diferencia de las comunidades de muchas otras zonas del valle del Jordán, las de Hmayyir y Ein Ghazal no habían sufrido demoliciones anteriormente
Según la información publicada en los medios de comunicación palestinos e israelíes, las autoridades militares israelíes habían afirmado que se ordenaron los desalojos debido a que las viviendas se encontraban en “una zona militar cerrada”.
La mayor parte de la zona del valle del Jordán de la Cisjordania ocupada ha sido declarada por el ejército israelí “zona militar cerrada” o está ocupada por alrededor de 36 asentamientos israelíes.
En las “zonas militares cerradas” los proyectos de construcción y desarrollo palestinos están prohibidos.Asimismo, el 24 de junio, el ejército israelí dictó órdenes de desalojo contra dos familias, formadas por 15 personas (5 de ellas niños) del pueblo de Ein al Hilwe, en el norte del valle del Jordán, y contra una estructura para alojar ganado del cercano pueblo de Ein al Beida. Ambos pueblos se encuentran a la “zona C”. Los edificios aún no han sido demolidos.
El 15 de julio fueron destruidos dos edificios en la “zona C” al suroeste de Hebrón, en Cisjordania.
El periódico israelí Ha’aretz informó el 19 de julio de que las autoridades militares israelíes de Cisjordania estaban intensificando a instancias del gobierno sus funciones de ejecución de la ley contra lo que consideraban construcciones “ilegales” de la zona C.
En virtud de los Acuerdos de Oslo, las autoridades israelíes conservan el control civil y militar en la zona C, que constituye más del 60 por ciento de Cisjordania.
Los 150.000 palestinos que se calcula que viven allí están sujetos a fuertes restricciones que les impiden en gran medida la construcción, así como la libertad de circulación.
No sólo no hay representantes palestinos en las instituciones encargadas del urbanismo en la “zona C”, sino que también está muy limitada la capacidad de los habitantes palestinos de la zona para impugnar las órdenes de desalojo y demolición.
“Es inaceptable el sistema actual que otorga al ejército israelí el control absoluto sobre lo que pueden o no pueden construir los palestinos en gran parte de la Cisjordania ocupada,” ha afirmado Philip Luther. “Se debe transferir la competencia respecto de la urbanización y la construcción a las comunidades locales palestinas.”