Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción esta innovadora legislación aprobada en Estados Unidos, que aborda el preocupante índice de actos de violencia sexual cometidos con impunidad contra mujeres indígenas de Alaska y del resto de Estados Unidos.El proyecto de Ley de Orden Público en las Comunidades Tribales, que fue aprobado el miércoles por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pretende abordar cuestiones de seguridad pública en los territorios indígenas.La ley modernizaría el sistema de justicia penal al mejorar la coordinación y la comunicación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley a nivel federal, estatal, local y tribal, ha señalado Amnistía Internacional.”Esta legislación histórica aprobada por los dos principales partidos aborda abusos contra los derechos humanos a los que durante largo tiempo no se les ha prestado la debida atención, cometidos en los territorios indígenas. Se trata de un importante esfuerzo por abordar los principales desafíos que permiten que proliferen los delitos cometidos contra las poblaciones indígenas de Alaska y del resto de Estados Unidos”, ha declarado Larry Cox, director ejecutivo de Amnistía Internacional Estados Unidos.”Si se aplica adecuadamente, dará pie a que el gobierno estadounidense se enfrente al desgaste de la autoridad tribal. Con el tiempo reducirá los altos niveles de violación y, finalmente, ofrecerá a las mujeres indígenas un recurso efectivo si son agredidas sexualmente. En resumen, con esta legislación se puede reducir la impunidad que permite a los violadores caer como buitres sobre las mujeres indígenas.”Amnistía Internacional Estados Unidos trató esta cuestión en su informe del año 2007 titulado, Estados Unidos: Laberinto de injusticia. Falta de protección de las mujeres indígenas frente a la violencia sexual.En el informe se ponía en evidencia que las mujeres indígenas de Alaska y del resto de Estados Unidos sufren unos índices desproporcionadamente elevados —2,5 veces superiores a los que sufren las mujeres no indígenas en Estados Unidos— de violación y violencia sexual.El complejo laberinto de jurisdicciones federales, estatales y tribales suele contribuir a que los agresores, el 86 por ciento de los cuales son hombres no indígenas, cometan violaciones con impunidad.Para encontrar el camino en ese laberinto, las autoridades necesitan establecer si el delito ocurrió en tierras tribales y si el agresor era índigena o no, a fin de determinar qué organismo encargado de hacer cumplir la ley tiene la jurisdicción, con lo que se pierde un tiempo precioso. Esto da lugar a investigaciones inadecuadas o a una falta de acción.”Resulta alentador comprobar que el Congreso comienza a abordar algunas de las complicadas cuestiones jurisdiccionales que se plantean en los territorios indígenas”, ha declarado Sarah Deer, profesora adjunta en la Facultad de Derecho William Mitchell y asesora en el informe elaborado por Amnistía Internacional Estados Unidos, Laberinto de injusticia.”El desgaste de la autoridad tribal conlleva que a los agresores indígenas a los que juzga un tribunal tribal sólo se les pueda imponer un año por delito, mientras que a los agresores no indígenas no se les puede ni procesar. Esta legislación dicta las primeras medidas que permitirán empoderar a los gobiernos tribales para que actúen más directamente en casos de delitos violentos.”Cuando las víctimas saben que a sus agresores se les hará rendir cuentas por su conducta, es más probable que denuncien los delitos. La clave reside en el empoderamiento del personal de los organismos tribales encargados de hacer cumplir la ley para que protejan a sus comunidades.La falta de profesionales de medicina legal para casos de agresión sexual en las instalaciones del Servicio Indígena de Salud que realicen exámenes forenses y reúnan pruebas fundamentales es otro factor que da lugar a que no se procese a los responsables. En el informe Amnistía Internacional exponía su preocupación ante la falta de enjuiciamientos y la necesidad de disponer de información precisa sobre los índices de enjuiciamiento.”Actualmente el Servicio Indígena de Salud no cuenta con protocolos normalizados para los casos de agresión sexual, lo que supone que es posible que a las víctimas de delitos sexuales violentos no se les faciliten los materiales necesarios para la recogida de pruebas en casos de violación, pruebas que resultan fundamentales para procesar a los agresores”, ha señalado Charon Asetoyer, presidenta del Consejo Consultivo Indígena de Amnistía Internacional Estados Unidos.
