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Temor por la seguridad del activista uzbeko detenido

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades kirguises que pongan en libertad a un activista de los derechos humanos de etnia uzbeka cuya vida se cree corre peligro tras haber sido detenido mientras recopilaba pruebas de abusos cometidos durante la violencia que se desencadenó en el sur del país esta semana.Al parecer, Azimzhan Askarov ha filmado y fotografiado algunos actos de violencia, homicidios y ataques con incendio contra viviendas mayoritariamente uzbekas y otros edificios en la localidad de Bazar Korgan, perpetrados por grupos de hombres armados.Según el colectivo de defensores de los derechos humanos locales, Azimzhan Askarov ha sufrido a diario palizas prolongadas a manos de los agentes de seguridad que lo tienen recluido para obligarlo a revelar el lugar donde guarda su material filmado y su cámara de vídeo. Creen que no podrá sobrevivir mucho tiempo más.“Azimzhan Askarov ha sido detenido por sus actividades legítimas como defensor de los derechos humanos. Es un preso de conciencia y debe quedar en libertad de forma inmediata e incondicional", declaró Maisy Weicherding, experta de Amnistía Internacional en Asia Central.Azimzhan Askarov fue detenido por fuerzas de seguridad el 15 de junio en Bazar Korgan, en la región kirguís de Jalal-Abad, y se encuentra recluido en un centro de detención preventiva. Se lo ha acusado de organizar desorden masivo durante la reciente violencia.Azimzhan Askarov es el director de la organización de derechos humanos Vozdukh (Aire), que forma parte de una red regional de derechos humanos en el sur de Kirguistán.Lleva varios años documentando malos tratos policiales bajo custodia en Bazar Korgan y otras zonas de la región de Jalal-Abad y es bien conocido por su trabajo en defensa de los derechos humanos.En un incidente concreto sucedido la semana pasada, parece que Azimzhan Askarov filmó a unos alborotadores disparando contra personas desarmadas que se acercaban a ellos para negociar. Los agentes de policía armados presentes no hicieron nada por evitar la violencia."Las autoridades kirguises deben permitir a los defensores y defensoras de los derechos humanos, profesionales del periodismo y otros activistas de la sociedad civil llevar a cabo su labor sin amenazas de hostigamiento ni obstrucción", dijo Maisy Weicherding."Asimismo, deben ordenar una investigación exhaustiva e independiente sobre las denuncias de que Azimzhan Askarov ha sido torturado mientras estaba bajo custodia.”El día que Azimzhan Askarov fue detenido, un grupo desconocido de hombres cubiertos con máscaras, que afirmaban ser del Ministerio del Interior, se presentó en su casa y ordenó a su esposa que abriera la puerta y les entregase el equipo de vídeo y la cámara de su esposo.Al negarse su esposa, los hombres, según los informes, comenzaron a disparar al aire y después echaron la puerta abajo. La esposa de Azimzhan Askarov logró huir y esconderse en la casa de un vecino mientras los enmascarados registraban la casa.Al mediodía del 17 de junio, otro grupo de hombres armados realizó, según los informes, otro registro en la casa de Azimzhan Askarov y se incautó de varios discos y cartuchos.El hermano de Azimzhan Askarov, que fue detenido al mismo tiempo y compartía celda con él, fue puesto en libertad el 17 de junio.A Azimzhan Askarov le han asignado un abogado del Estado, pero al abogado independiente que había sido designado para representarlo por otra organización de derechos humanos local se le denegó el acceso al detenido. Además, no se le permite recibir atención médica ni visitas de los familiares, y las autoridades se han negado a aceptar paquetes de comida que le envían sus familiares.La mortífera violencia que ha asolado extensas zonas del sur de Kirguistán comenzó, al parecer, el 10 de junio con enfrentamientos entre bandas rivales de jóvenes mayoritariamente kirguises y uzbekos que rápidamente desembocaron en incendios, saqueos y ataques violentos en gran escala, incluidos homicidios, contra distritos de Osh poblados principalmente por uzbekos. Más tarde, la violencia se propagó a la ciudad de Jalal-Abad y otras localidades circundantes.En el sur de Kirguistán reside una numerosa comunidad de etnia uzbeka y era la zona donde tenía más apoyo el ex presidente Kurmanbek Bakiev, que fue derrocado en abril tras un enfrentamiento violento entre partidarios del gobierno y de la oposición.Aunque la causa de los enfrentamientos no está clara, el gobierno provisional ha culpado de la violencia a partidarios del ex presidente Kurmanbek Bakiev y a grupos delictivos organizados con la intención de desestabilizar la situación en el país en el periodo previo al referéndum sobre la nueva Constitución que se celebrará el 27 de junio.El 15 de junio, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos afirmó que la violencia parecía estar “organizada, dirigida y bien planificada” y que su desencadenante fueron cinco ataques simultáneos de hombres armados y enmascarados en la ciudad de Osh.El 17 de junio, la ONU calculó que el número de personas desplazadas, en su mayoría uzbekas, ha llegado a 400.000. Cifras sin confirmar indican que más de 2.500 han perdido la vida desde el 10 de junio.