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Los gobiernos africanos deben reafirmar su compromiso con la Corte Penal Internacional

Amnistía Internacional instó el miércoles 4 a los representantes de los gobiernos africanos reunidos en Addis Abeba (Etiopía) a que reafirmen su apoyo a la Corte Penal Internacional.

En un memorándum publicado esta semana bajo el título de The International Criminal Court: The Contribution Africa Can Make to the Review Conference, la organización ha pedido a los gobiernos africanos que manifiesten con claridad que impedirán que cualquier funcionario acusado de genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra obtenga refugio en sus países.

“Sólo la justicia puede servir de base sólida para una paz duradera”, ha afirmado Kolawole Olaniyan, asesor jurídico para África de Amnistía Internacional.

“Hace más de una década, los Estados africanos figuraban entre los partidarios más enérgicos de la propuesta de establecer un tribunal penal internacional permanente que permitiera investigar y enjuiciar a las personas responsables de algunos de los peores crímenes del mundo; ahora deben renovar este compromiso, pues la supervivencia de la Corte Penal Internacional como órgano internacional eficaz depende de ello”, declara Kolawole Olaniyan.

“Las víctimas africanas de genocidios, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra son algunos de los principales beneficiarios de la Corte; la Corte Penal Internacional debe recibir un apoyo total para que pueda continuar con su importante labor a favor de estas personas.”

El llamamiento se produce después de que el presidente de Sudán, Omar al Bashir, cancelara las visitas previstas a Sudáfrica, Uganda, Nigeria y Venezuela, al quedar patente que podía ser detenido y entregado a la Corte, sobre todo a la luz de las protestas de la sociedad civil africana ante las visitas.

En su memorándum, Amnistía Internacional insta a los Estados africanos a que defiendan con energía las disposiciones de la Corte que excluyen la inmunidad para funcionarios del Estado —con independencia de su rango, incluidos jefes de Estado— del enjuiciamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

“Todos y cada uno de los instrumentos jurídicos adoptados desde la Segunda Guerra Mundial por la comunidad internacional han rechazado la inmunidad frente al enjuiciamiento para cualquier funcionario estatal acusado formalmente de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra”, afirma Kolawole Olaniyan.

“De hecho, todos los tribunales internacionales que han estudiado la cuestión de la inmunidad desde el establecimiento de la Corte Penal Internacional han concluido que los jefes de Estado no pueden alegar con éxito ninguna supuesta inmunidad frente al enjuiciamiento por genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.”

Amnistía Internacional ha declarado que para garantizar que la Corte Penal Internacional es un complemento eficaz de los tribunales nacionales, este tribunal debe poder ejercer su jurisdicción sin injerencias políticas.

“Con la excepción de Darfur, todas las situaciones sometidas a investigación por la Corte fueron remitidas al fiscal por los propios Estados africanos: República Centroafricana, República Democrática del Congo y Uganda”, dice Kolawole Olaniyan.

La organización ha instando también a los gobiernos africanos a que evalúen cuidadosamente los aspectos positivos y negativos de establecer un tribunal penal regional, como ha sugerido la Unión Africana en una reunión de la Asamblea celebrada en julio de 2009, especialmente sus costes.