Amnistía Internacional ha condenado el uso de fuerza excesiva por parte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad nigerianas después de que tres personas resultaran muertas por disparos durante una protesta contra la demolición de casas en el estado de Rivers, el lunes 12 de octubre.
Fuerzas combinadas de la Fuerza Especial Conjunta y la policía utilizaron armas de fuego para dispersar a una multitud que se manifestaba contra las demoliciones previstas en la comunidad ribereña de Bundu, en Port Harcourt, causando heridas de gravedad a 11 personas.
“El uso intencionado de fuerza letal sólo está permitido cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida”, ha afirmado el Director del Programa para África de Amnistía Internacional, Erwin Van der Borght.
“El gobierno debe investigar sin demora cualquier muerte o lesiones derivadas del uso de armas de fuego por parte de la policía y la Fuerza Especial Conjunta. Los sospechosos de hacer uso excesivo de la fuerza deben ser procesados en juicios justos, de acuerdo con las normas internacionales, y sin recurso a la pena de muerte”.
La violencia estalló cuando las autoridades gubernamentales, acompañadas por unos 40 soldados y policías fuertemente armados, acudieron a la comunidad de Bundu para evaluar el valor de unas estructuras designadas para demolición.
Grupos de hombres, mujeres y niños hicieron frente a los soldados y policías, mientras se manifestaban contra las demoliciones previstas y bloqueaban la entrada a la comunidad.
Según testigos presenciales, dos vehículos blindados cargaron contra la multitud. A continuación, los soldados y policías empezaron a disparar.
Aunque la mayoría dispararon al aire, varios agentes de seguridad, según los informes, dispararon directamente contra la multitud que los rodeaba. Al parecer, algunas balas perdidas entraron en casas, comercios y automóviles.
Un hombre ha dicho a Amnistía Internacional que su hermana recibió un disparo en la pierna mientras estaba en el interior de la casa.
Algunas de las personas que recibieron disparos huyeron, según los informes, metiéndose en el agua y escondiéndose en los manglares.
Once personas han recibido tratamiento en el hospital por heridas de bala. Amnistía Internacional ha recibido también informes que indican que los soldados golpearon a varias personas.
Un total de 23 hombres fueron detenidos y acusados posteriormente de conspiración, alteración de la paz de la comunidad y destrucción de propiedad pública. A continuación fueron enviados a la prisión de Port Harcourt.
Según las autoridades del estado de Rivers, las fuerzas de seguridad, al entrar en la comunidad, recibieron disparos de personas que “se aprovechaban de la situación de desgobierno de la zona ribereña de Bundu”, y se vieron obligados a utilizar sus armas para defenderse.
Miembros de la comunidad y ONG locales niegan que los manifestantes utilizasen armas de fuego. Ningún soldado ni agente de policía resultó herido.
Amnistía Internacional ha pedido a los gobiernos federal y estatal que garanticen que las fuerzas de seguridad sólo emplean la fuerza de un modo acorde con las normas y el derecho internacionales de derechos humanos.
Era la segunda vez en una semana que las autoridades trataban de entrar en la comunidad para evaluar el valor de las estructuras en Bundu, una de las comunidades ribereñas más grandes de Port Harcourt.
El gobierno estatal está en proceso de demoler las casas de varias comunidades ribereñas, y ha estado pagando indemnizaciones a los propietarios.
Quienes no son propietarios de sus casas o comercios o no pueden demostrar que lo son, no reciben indemnización alguna, ni tampoco vivienda alternativa.