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Amenaza de cargos contra candidato presidencial iraní en un intento de ocultar la verdad

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades iraníes que desistan de las acciones legales emprendidas contra el ex candidato presidencial Mehdi Karroubi por haber denunciado las violaciones y torturas sufridas por manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad tras las polémicas elecciones de junio. La semana pasada, el fiscal de Teherán afirmó que se habían entablado acciones judiciales contra Mehdi Karroubi en la Fiscalía del Tribunal Especial para el Clero a raíz de la recomendación realizada por una investigación oficial. “Las autoridades deben dejar ya de sostener la falsa idea de que, al plantear preocupaciones en materia de derechos humanos, Mehdi Karroubi ha infringido la ley”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el norte de África. “Al contrario, deben entregar a un órgano de investigación verdaderamente independiente e imparcial todos los informes de denuncias de abusos y homicidios de manifestantes y personas detenidas, incluidos los que han sido confiscados.” Tras los comicios se puso en marcha una investigación oficial, en la que participó el ex ministro de Información que ocupaba el cargo cuando se celebraron las elecciones presidenciales, para investigar las denuncias de abusos. La investigación concluyó que la información aportada por Mehdi Karroubi era falsa y pretendía “inquietar a la opinión pública y minar la credibilidad del sistema”. Las causas abiertas contra clérigos en Irán se ven en el Tribunal Especial para el Clero, un organismo altamente secreto que informa directamente al líder supremo y es independiente del poder judicial. Sólo los clérigos designados por este tribunal pueden actuar como abogados defensores, y, al igual que en otros tribunales iraníes, los jueces pueden imponer la pena de muerte. Las autoridades iraníes han reconocido que las fuerzas de seguridad cometieron violaciones de derechos humanos durante los disturbios posteriores a las elecciones. Sin embargo, es probable que las investigaciones, tanto la oficial como la llevada a cabo por el Parlamento iraní, se utilicen para proteger a los miembros de las fuerzas de seguridad frente a los procesamientos. “La amenaza de presentar cargos contra Mehdi Karroubi es un indicio más de que las autoridades están decididas a ocultar la verdad sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y de que los iraníes que se atreven a defender sus derechos se enfrentarán a una represión sin tregua”, ha afirmado Hassiba Hadj Sahraoui. El 7 de septiembre de 2009, miembros de las fuerzas de seguridad iraníes cerraron las oficinas de un organismo independiente creado por Mehdi Karroubi y Mir-Hossein Mousavi, otro candidato presidencial, y confiscaron los documentos con declaraciones que habían recopilado, en los que se explicaban las denuncias de abusos durante las manifestaciones posteriores a las elecciones presidenciales del 12 de junio de 2009. Se ha negado el acceso a Irán de expertos de la ONU en derechos humanos, especializados en la cuestión de la tortura y de las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, a pesar de las reiteradas peticiones por parte de estos organismos para que se les permita la entrada en el país. “En vez de realizar una parodia de investigación en respuesta a los espantosos informes de violaciones de personas detenidas y otros abusos, y perseguir ahora a Mehdi Karroubi y a otras personas que defienden sus derechos, las autoridades iraníes deben llevar a cabo una investigación adecuada que cumpla con las normas internacionales”, ha añadido Hassiba Hadhj Sahraoui. “También deben permitir el escrutinio internacional, dejando que entren en el país todos los expertos pertinentes de la ONU en derechos humanos.” En los días siguientes al anuncio, el 13 de junio de 2009, de que el presidente Mahmoud Ahmadineyad había ganado las elecciones presidenciales, se celebraron manifestaciones multitudinarias que fueron reprimidas rápidamente y haciendo uso excesivo de la fuerza; decenas de manifestantes murieron y centenares sufrieron heridas que posteriormente provocaron la muerte de algunos de ellos. Al menos 4.000 personas fueron detenidas en todo el país. La mayoría han quedado ya en libertad, pero se cree que varios centenares de personas continúan detenidas, y siguen practicándose detenciones.