Las autoridades mexicanas no deben repatriar por la fuerza a tres migrantes que resultaron heridos al disparar las fuerzas de seguridad contra ellos en la frontera meridional del país, manifestó Amnistía Internacional ayer, jueves 1 de octubre de 2009.
Los tres formaban parte de un grupo de siete migrantes indocumentados de El Salvador y Ecuador, contra los que dispararon las fuerzas de seguridad mexicanas el 18 de septiembre, cuando cruzaron la frontera por el estado de Chiapas.
Uno de los siete, Víctor Alexander Melgar Lemus, de El Salvador, murió, y todos los demás resultaron heridos.
Tres de ellos escaparon de las autoridades mexicanas después de los disparos, ocurridos en un control militar. Dos se encuentran bajo vigilancia policial en un hospital donde están siendo atendidos, y el otro, un ciudadano ecuatoriano, se halla recluido en espera de su repatriación.
“Estamos muy preocupados por la seguridad de los migrantes que se encuentran en el hospital –ha manifestado Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional sobre México–. Creemos que las fuerzas de seguridad podrían intimidarlos o amenazarlos para impedir que presenten una denuncia.”
“El Estado mexicano tiene una responsabilidad para con estos hombres –ha explicado Rupert Knox–. Debe garantizar que reciben la debida atención médica, que se investigan los abusos cometidos contra ellos y que no son repatriados.”
Según los hombres, a quienes transportaban traficantes de migrantes e iban indocumentados, el conductor del camión donde viajaban aminoró la marcha al acercarse a un control de seguridad, pero, cuando le dieron el alto, aceleró. Los agentes del control de seguridad salieron tras ellos y abrieron fuego contra el vehículo, que, alcanzado por reiterados disparos, dejó de funcionar a los pocos minutos.
Los migrantes han contado a grupos locales de derechos humanos que entonces llegaron agentes de policía y militares que comenzaron a interrogarlos y les dieron luego patadas y golpes con las culatas de sus armas. Uno de los hombres ha dicho que lo golpearon directamente en una herida de bala.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México ha abierto una investigación sobre lo ocurrido, pero no se sabe con seguridad si la Procuraduría General de Justicia federal o estatal ha iniciado investigaciones criminales sobre el homicidio, el uso de medios letales y los malos tratos sufridos posteriormente por los migrantes.