El miércoles 7 de octubre, Amnistía Internacional instó al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, a conceder el indulto a un hombre que podría ser ejecutado de forma inminente.
Vasily Yusepchuk fue condenado a muerte por el Tribunal Regional de Brest el 29 de junio de 2009 por el asesinato de seis ancianas.
El 2 de octubre fue desestimada su apelación ante el Tribunal Supremo, iniciándose un plazo de 10 días a partir de esa fecha para pedir el indulto al presidente Lukashenko.
“Las autoridades bielorrusas deben declarar de inmediato la suspensión de todas las ejecuciones y condenas a muerte, y conmutar sin demora por penas de prisión las condenas impuestas a todos los presos que están actualmente en espera de ser ejecutados”, ha declarado Heather McGill, experta de Amnistía Internacional en Bielorrusia.
Desde que el presidente Lukashenko llegó al poder en 1994 sólo ha concedido una petición de indulto.
La apelación se produce en vísperas del Día Mundial contra la Pena de Muerte (10 de octubre), jornada en la que los activistas pedirán a las autoridades de Bielorrusia, el único país de Europa y Asia Central que sigue aplicando la pena capital, su abolición.
Vasily Yusepchuk podría tener una discapacidad mental y su abogado ha declarado que es analfabeto y que no distingue los meses del año.
También ha alegado que fue objeto de dos palizas durante el periodo de prisión preventiva, en enero y marzo. Concediendo el indulto a Vasily Yusepchuk, el presidente Lukashenko demostrará que Bielorrusia está dispuesta a declarar una suspensión de la pena de muerte y a hacer de Europa una zona sin pena de muerte.
En Bielorrusia el uso de la pena de muerte se ve agravada por un sistema de justicia penal viciado que administra la pena capital de forma que vulnera las leyes y normas internacionales sobre la pena de muerte. Existen datos fehacientes de que se recurre a la tortura y a los malos tratos para obtener “confesiones”.
No se notifica a los presos condenados a muerte que están a punto de ser ejecutados y normalmente suelen serlo minutos después de comunicárseles que su petición de indulto ha sido desestimada.
Primero se les lleva a una sala en la que, en presencia del director del centro penitenciario, el fiscal y otro empleado del Ministerio del Interior, se les comunica que su petición de indulto ha sido desestimada y que se va a ejecutar la condena. Después son trasladados a una sala vecina donde se les obliga a arrodillarse y reciben un disparo en la nuca.
La ejecución no se notifica a las familias hasta transcurridos varios días, a veces semanas, de que se ha llevado a cabo.