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La prensa radiofónica de Honduras sufre un nuevo golpe contra la libertad de expresión

Amnistía Internacional ha denunciado un ataque a la libertad de prensa en Honduras tras la cancelación de tres programas por los directivos de una popular emisora radiofónica, que alegaron un polémico decreto presidencial para justificar su decisión. Se trata de los programas de la emisora Radio Cadena Voces "La Bullaranga", "Entre Chonas" y "Tiempos de Hablar", realizados y controlados casi en su totalidad por mujeres y jóvenes. "La arbitraria cancelación de estos programas supone otro golpe a la libertad de expresión y restringe el acceso de la población de Honduras a foros de información y debate", ha dicho Javier Zúñiga, asesor especial en el Secretariado Internacional de Amnistía Internacional. Los directivos del Grupo INVOSA, propietario de la emisora, comunicaron por escrito a la dirección de los programas que los espacios "no fomentaban la paz" y "deslegitimaban" el proceso electoral, violando así un decreto ejecutivo presidencial del gobierno de hecho. Posteriormente el decreto se anuló, pero los programas siguen cancelados. "La supresión de estos programas ha incrementado la atmósfera de temor e intimidación en que viven los periodistas", ha dicho Javier Zúñiga. "También demuestra la intolerancia de las autoridades de hecho hacia el libre debate y la libre expresión de opiniones, especialmente cuando son contrarias a las suyas". Amnistía Internacional ha instado a las autoridades de hecho a que se ajusten a las medidas impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para garantizar que los trabajadores de los medios de comunicación y las publicaciones de Honduras pueden desempeñar su trabajo sin intimidaciones ni amenazas. El 23 de octubre de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluyó a los trabajadores de las emisoras Canal 36, Radio Catracha, Cholusat Sur Radio y Radio Globo en la lista de personas que debían ser protegidas por medidas cautelares tras el cierre de dichas emisoras por el decreto presidencial. Los abusos contra los derechos humanos en Honduras han aumentado desde que el presidente elegido democráticamente, José Manuel Zelaya Rosales, fue obligado a abandonar su cargo el 28 de junio y expulsado del país por un grupo respaldado por el ejército y encabezado por Roberto Micheletti, ex presidente del Congreso Nacional. Desde el golpe de Estado ha habido numerosos disturbios en el país, con frecuentes enfrentamientos entre manifestantes de la población civil y la policía y el ejército. Al menos dos personas han muerto a causa de disparos durante las protestas. El 19 de agosto, Amnistía Internacional publicó un informe titulado Honduras: Amenazas de crisis de derechos humanos, mientras la represión se intensifica. En el informe, basado en la información recopilada por la organización durante una visita de investigación realizada entre el 28 de julio y el 1 de agosto de 2009, había testimonios e indicios que documentaban palizas y uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra los manifestantes. La organización pide a las autoridades de hecho que garanticen el libre acceso a la información de la ciudadanía hondureña, algo especialmente importante durante la actual crisis.