El Congreso dominicano ha votado a favor de cambios constitucionales que podrían dar lugar a una prohibición absoluta del aborto. Según afirma Amnistía Internacional, este paso pondrá en peligro a mujeres y niñas y hará aumentar la mortalidad materna.
El artículo 30, aprobado por una mayoría de 128 votos a favor y 34 en contra, introduciría la inviolabilidad de la vida “desde la concepción hasta la muerte”.
”El Congreso dominicano ha asestado un golpe tremendo al derecho a la vida de las mujeres y las niñas”, ha manifestado Susan Lee, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.
Se ha reconocido ampliamente que esta decisión traerá consigo cambios en el Código Penal que pueden conducir a la prohibición del aborto en todas las circunstancias.
Ahora que se ha aprobado, el artículo 30 puede limitar seriamente el acceso a abortos seguros, incluso en los casos en los que una mujer sufre complicaciones que ponen en peligro su vida o necesita un tratamiento que puede salvar su vida pero es incompatible con el embarazo, como por ejemplo los tratamientos contra la malaria, el cáncer o el VIH/sida.
Además, el acceso a un aborto seguro para las mujeres y niñas que han quedado embarazadas a consecuencia de violación o incesto se puede limitar aún más.
Amnistía Internacional publicó recientemente un informe que examinaba las repercusiones de la prohibición total de todas las formas de aborto en Nicaragua.
Según datos oficiales, la prohibición contribuye a un aumento de la mortalidad materna en todo Nicaragua: 33 mujeres y niñas han muerto en el país a consecuencia del embarazo en lo que va de 2009, frente a las 20 que murieron durante el mismo periodo del año pasado. Puesto que la recopilación de datos relativos a la salud materna en el país es deficiente, se cree que estas cifras oficiales representan únicamente un mínimo.
El lunes, Amnistía Internacional pidió al Congreso de la República Dominicana que rechazara la formulación actual del artículo 30.
“Amnistía Internacional seguirá prestando su apoyo a todas las personas que, en la República Dominicana, se opongan a la imposición de penas de cárcel o de otro tipo a causa del aborto”, ha manifestado Susan Lee.
”También seguiremos pidiendo que se garantice la existencia de servicios de aborto seguros, legales, accesibles y de buena calidad para todas las mujeres y niñas que los necesiten en todos los casos en los que el embarazo sea consecuencia de violación o incesto o cuando el embarazo constituya un peligro para la vida o la salud de la madre.”