• NOTICIAS

Las ejecuciones extrajudiciales ponen de relieve la inseguridad en el valle de Swat, en Pakistán

Mientras el presidente Asif Ali Zardari visita Reino Unido en medio de una inestabilidad persistente en Pakistán, Amnistía Internacional pone de relieve uno de los principales desafíos a los que se enfrenta su gobierno.

El descubrimiento de los restos de más de 160 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el valle de Swat, en Pakistán, pone de relieve la actual crisis de derechos humanos en el noroeste del país.

Amnistía Internacional ha recibido informes dignos de crédito de 164 casos de personas que fueron víctimas de homicidio –a menudo muertas por disparos realizados a corta distancia–, desde mediados de julio, cuando el ejército paquistaní recuperó el control de la mayor parte de la región de manos de los insurgentes talibanes.

Los intensos combates desplazaron de sus hogares a más de dos millones de personas.

"Numerosas personas que residen en la zona culpan al ejército de estas muertes”, ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.

"Sin embargo, nuestras investigaciones también indican que en algunos casos se trata de represalias por parte de los talibanes, mientras que en otros son producto de los conflictos locales y tribales que proliferan en el actual entorno de caos e inseguridad.”

Amnistía Internacional ha instado a las autoridades paquistaníes a mejorar los procesos que garanticen el cumplimiento de la ley en el área y a ordenar una investigación inmediata e imparcial sobre los homicidios.

Las fuerzas armadas paquistaníes han establecido el control sobre la mayor parte de las principales ciudades y carreteras de la región, pero la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional sugiere que los insurgentes siguen muy activos en las áreas más remotas.

En estas circunstancias, se está sometiendo a una intensa presión a las personas desplazadas para que vuelvan a sus pueblos en la Provincia de la Frontera Noroeste de Pakistán, a pesar de que no son completamente seguros.

En algunos casos se está obligando a las personas desplazadas a regresar a zonas que no son seguras y que carecen de suministro de agua y electricidad, así como de la infraestructura de transporte necesaria para vivir y para llevar a cabo actividades comerciales básicas.

Amnistía Internacional ha instado al gobierno a que aborde de inmediato las necesidades urgentes de la población desplazada, incluyendo agua potable, alimentos, refugio, asistencia médica y educación.

"El gobierno debe garantizar condiciones seguras y adecuadas a las personas que han regresado a su hogares para que los retornados puedan vivir con seguridad y dignidad, sin que su integridad personal se vea amenazada”, manifestó Zarifi.