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Comentario: Dudoso resultado de las elecciones afganas, excepto por la demanda de derechos humanos

Millones de personas votaron en las elecciones afganas a pesar de la grave situación de inseguridad y las tremendas dificultades logísticas, con lo que quedó constancia de su compromiso con una vida mejor y el deseo se sustituir la balas por papeletas.

Mientras las autoridades de Afganistán y la comunidad internacional lidian con la crisis generada por las elecciones afganas en medio de denuncias de fraude, la población del país se enfrenta a una creciente oleada de violencia y violaciones de derechos humanos.

Los comicios del 20 de agosto se celebraron en medio de una escalada de ataques de los talibanes y otros grupos insurgentes y de violencia de las fuerzas de la OTAN y el ejército estadounidense, que causó el mayor número de víctimas civiles registrado desde la caída de los talibanes en 2002.

Los talibanes y otros grupos insurgentes son responsables de la mayoría (alrededor del 60 por ciento) de las muertes de civiles que se han producido en Afganistán a causa del conflicto.

El 26 de agosto, una explosión que atronó al caer la noche el centro de la ciudad de Kandahar, mató al menos a 43 personas y dejó heridas a 65.

Días después, combatientes talibanes quemaron un centro de enseñanza secundaria para niñas en la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán.

En Kabul y en la relativamente tranquila parte norte del país también han aumentado los ataques.

El 6 de septiembre murieron tres personas al caer en una vivienda del noroeste de Kabul unos cohetes lanzados, se cree, por grupos insurgentes.

La intensificación de las actividades de la insurgencia comporta también un aumento de las respuestas de la OTAN y el ejército estadounidense, con lo que cada vez hay más civiles en situación de riesgo.

Las fuerzas de la OTAN y Estados Unidos han reafirmado recientemente su compromiso de minimizar el número de víctimas civiles, pero no hay aún un sistema coherente, creíble y claro de investigación y rendición de cuentas con que responder a las violaciones de las leyes de la guerra y la reglas de combate.

Las elecciones han puesto también de relieve las dificultades y las oportunidades que tienen las mujeres afganas a la hora de disfrutar de sus derechos.

Este año han concurrido a las elecciones presidenciales dos mujeres. Asimismo, 333 lo han hecho a las elecciones a los consejos provinciales, lo que equivale aproximadamente al 10 por ciento de las candidaturas.

Las autoridades electorales afirman que, en algunas zonas donde los insurgentes habían amenazado a las mujeres para que no ejercieran su derecho de voto, centenares de colegios electorales para mujeres ni siquiera abrieron.

Según un informe de la Unión Europea, hubo un pequeño aumento de la participación de mujeres candidatas, pero en casi el 50 por ciento de las provincias la participación de las mujeres se redujo.

Sin embargo, en el marco de un aparente intento postelectoral de conciliación, el presidente en ejercicio, Hamid Karzai, ha firmado una muy esperada ley que trata como delito la violencia y varias formas de discriminación contra las mujeres.

Y previamente, también esta semana el presidente ha indultado a Parwiz Kambaksh, universitario condenado a 20 años de prisión por descargarse de Internet, según informes, un artículo sobre los derechos de las mujeres en el islam.

Estas medidas han permitido a la población afgana abrigar la esperanza de que el próximo gobierno –sea de Karzai o de su principal rival, el ex ministro de Exteriores Abdullah Abdullah– se esfuerce todavía más por satisfacer su demanda de una vida mejor y un gobierno mejor, al menos en las zonas controladas por las autoridades.   Ciudadanos y ciudadanas de todo el país ha hablado reiteradamente a Amnistía Internacional de su decepción con el gobierno afgano por la falta de medidas para consolidar la mejoras realizas en materia de derechos humanos tras la caída de los talibanes.

Una persona que estudia derecho en la Universidad de Kabul ha explicado a Amnistía Internacional: “Veo ya más división basada en la etnia entre mis compañeros de clase. No es bueno, porque un bando tendrá que perder, y ese grupo puede causar muchos problemas.”

El gobierno, así como los estrategas militares de la OTAN y Estados Unidos, reconoce ya que los talibanes han sabido aprovechar esta falta de medidas para afirmar que, aunque no respeten los derechos humanos, ellos ofrecen al menos seguridad básica.

Uno de los aspectos más criticados de la actuación de gobierno ha sido la participación en él de figuras sobre las que pesan graves denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas en los dos últimos decenios del conflicto de Afganistán.

Lamentablemente, tanto Karzai como Abdullah se han rodeado de algunas de estas personas acusadas de tales violaciones.

Mientras esperamos el resultado final de las lecciones afganas, una cosa es absolutamente clara: los ciudadanos y ciudadanas afganos quiere tener voz en su futuro y piden un gobierno responsable, receptivo y representativo.

Buscan el apoyo internacional para que les ayude en su lucha, pero ni ellos ni la comunidad internacional soportarán indefinidamente el punto muerto en que se encuentra actualmente la situación política.

Quienquiera que sea el próximo presidente de Afganistán, junto con sus partidarios internacionales tiene que situar los derechos de la población afgana en el centro de su estrategia para el país.

Por Sam Zarifi, director del Programa de Amnistía Internacional para Asia