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Chile dicta órdenes de detención contra al menos 120 agentes de Pinochet

Las órdenes de detención dictadas por un juez chileno contra al menos 120 personas, todas ellas anteriormente personal militar o de seguridad, constituyen un avance importante en pro de la justicia en un país que no ha prestado suficiente atención a su pasado, indicó Amnistía Internacional el pasado miércoles 2 de septiembre.

El juez chileno Víctor Montiglio ha dictado  órdenes de detención contra agentes del régimen de Augusto Pinochet en relación con varias operaciones de seguridad que tuvieron como objetivo opositores a su régimen durante la década de 1970. No se sabe con exactitud cuántas órdenes se han dictado, pero se cree que pueden ser hasta 165.

Las operaciones de seguridad en cuestión incluyen la Operación Cóndor –una campaña coordinada por la cual personas que se oponían a los regímenes militares en Sudamérica fueron objeto de detenciones y desapariciones forzadas– y la Operación Colombo, en cuyo contexto la desaparición forzada de 119 activistas chilenos fue presentada por el gobierno como el resultado de una disputa interna.

Muchas de las órdenes se han dictado contra agentes que todavía no han sido llevados ante la justicia por su participación en violaciones de los derechos humanos cometidas durante el régimen militar.

“Chile ha reconocido públicamente su pasado turbulento. Ahora el gobierno tiene que dar un paso más, obligando al Ejército a hacer pública de una vez por todas la información que tiene relativa a las violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de Pinochet para garantizar que se hace justicia por todos los abusos de los derechos humanos cometidos en esa etapa”, ha afirmado Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.

La Operación Cóndor fue un plan coordinado por los gobiernos militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay para eliminar a “opositores” durante las décadas de 1970 y 1980. En el contexto de la operación se cometieron de forma generalizada abusos de los derechos humanos, incluidos homicidios y desapariciones forzadas.

Muchas de las personas responsables de estos abusos todavía no han sido identificadas ni llevadas ante la justicia.

“Los supervivientes y los familiares de las personas que han sido objeto de torturas, homicidios y desapariciones forzadas cometidas en el contexto de la Operación Cóndor siguen esperando justicia. Ya es hora de que los gobiernos de esta región garanticen que la justicia no tiene que esperar ni un sólo día más”, ha señalado Susan Lee.

En lo que ha supuesto otro paso positivo, el pasado miércoles 2 de septiembre el Senado chileno adoptó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. La Convención se convertirá en ley una vez que sea aprobada por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, y, aunque no será de aplicación para aquellos delitos cometidos en el pasado, será un importante instrumento de protección frente a delitos futuros.