Arabia Saudí no debe cerrar sus fronteras a la población civil que huye del conflicto de la región yemení de Sada, ha manifestado Amnistía Internacional el jueves 17 de septiembre, en una carta al ministro del Interior.
La organización ha hecho este aviso en medio de informes según los cuales se ha negado la entrada a algunas personas y se devuelto a otras a la zona de conflicto, donde un bombardeo aéreo llevado a cabo por las fuerzas del gobierno el miércoles mató, de acuerdo con los informes, a unas 80 personas.
“Las fuerzas yemeníes mantienen la región de Sada considerablemente aislada del mundo exterior desde que estallaron los actuales combates entre tropas del gobierno y activistas armados chiíes zaidíes el pasado agosto, pero es evidente que la población civil está siendo la más afectada por el conflicto” ha manifestado Malcolm Smart, director del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Han muerto ya decenas o, quizá, centenares de civiles, y para muchos otros huir a Arabia Saudí es la única forma de salir de la línea de fuego. Es preciso dejarles entrar y concederles protección adecuada.
En la actualidad, la situación a lo largo de frontera entre la región yemení de Sada y Arabia Saudí está poco clara. Información publicada por los medios de comunicación indica más de una decena de miembros de una familia yemení que entraron en Arabia Saudí a finales de agosto fueron detenidos y obligados a regresar, y que otros civiles han dicho que les impidieron entrar en territorio saudí.
Arabia Saudí no es parte en el principal tratado de la ONU sobre el trato debido a los refugiados. No obstante, en virtud del derecho internacional no puede impedir la entrada a las personas que soliciten asilo, ni cerrando sus fronteras ni expulsándolas una vez dentro de su territorio, si pueden sufrir graves abusos contra los derechos humanos al regresar.
“Aunque las autoridades saudíes están desempeñando un papel positivo al ayudar a organizar el envío de asistencia humanitaria a la población civil sitiada en la gobernación de Sada, no deben forzar el regreso de ninguna persona que busque un lugar seguro”, ha añadido Malcolm Smart.
La región yemení de Sada, cuyos habitantes pertenecen predominantemente a la minoría chií zaidí de Yemen, ha pasado por varios periodos de conflicto en los últimos años, con recurrentes enfrentamientos armados entre las fuerzas de seguridad del gobierno y los seguidores del difunto clérigo chií zaidí Hussein al Houthi, que fue víctima de homicidio en 2004.
El último estallido de violencia comenzó a mediados de agosto, cuando la zona quedó prácticamente bajo estado de excepción y la fuerzas del gobierno lanzaron una creciente serie de ataques, incluidos bombardeos aéreos, contra pueblos y ciudades con objeto, aparentemente, de aplastar a los activistas armados de Al Houthi.
El derecho internacional humanitario prohíbe expresamente los ataques directos contra civiles y los ataques indiscriminados y desproporcionados. El gobierno de Yemen y los activistas armados de Al Houthi están obligados jurídicamente a respetar el derecho internacional humanitario y deben garantizar que sus fuerzas se abstienen de realizar tales ataques ilegítimos.
“Las autoridades yemeníes deben investigar con prontitud y de manera exhaustiva todas las denuncias de violación grave del derecho humanitario por parte de sus fuerzas, como el bombardeo aéreo efectuado, según informes, ayer, que, al parecer, mató a numerosos civiles en Adi, pueblo de la zona de Harf Sufyan de la provincia de Amran, cerca de Sada”, ha explicado Malcolm Smart.