El lunes día 24, el gobierno de Tailandia volvió a recurrir al homicidio judicial tras un paréntesis de seis años al ejecutar a dos hombres mediante inyección letal en la prisión de Bang Khwang, Tailandia Central.
Bundit Jaroenwanit, de 45 años, y Jirawat Poompreuk, de 52, habían sido condenados a muerte después de ser declarados culpables de narcotráfico el 29 de marzo de 2001. Según los informes, no les informaron de que los iban a ejecutar hasta una hora antes de que se llevaran a cabo las ejecuciones.
“Cuando en un país tras otro se está dejando de recurrir al homicidio judicial, que en Tailandia se hayan reanudado las ejecuciones supone un grave retroceso”, declaró Donna Guest, directora adjunta del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
Tailandia ha seguido imponiendo condenas de muerte, pero en los últimos seis años no se había ejecutado a nadie. El movimiento abolicionista había interpretado este hecho como una señal positiva procedente de Asia.
Las últimas ejecuciones en Tailandia tuvieron lugar en 2003, cuando cuatro personas fueron ejecutadas mediante inyección letal. Se trató de las primeras ejecuciones llevadas a cabo por dicho método, que ese año había sustituido a los fusilamientos.
Al analizar en 2005 el informe presentado por Tailandia, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación por el hecho de que en dicho país la pena de muerte no estuviera circunscrita a los delitos más graves y fuera aplicable a los de narcotráfico.
En 16 países asiáticos siguen existiendo leyes en las que se contempla la pena de muerte para los delitos relacionados con las drogas. Como en muchos países de la región no se publican estadísticas sobre la pena capital, es imposible saber con exactitud el número de condenas de muerte impuestas en Asia por delitos relacionados con las drogas.
Sin embargo, según los informes, en Indonesia, Malaisia, Singapur y Tailandia un elevado porcentaje de las condenas de muerte que se dictan guarda relación con este tipo de delitos.
En los últimos diez meses, la Asamblea General de la ONU ha votado de manera abrumadora a favor de una suspensión de las ejecuciones y en Burundi, Togo y Nuevo México (Estados Unidos) se ha abolido la pena de muerte. El gobierno tailandés debería seguir su ejemplo y revisar con urgencia el uso de la pena capital.
No hay pruebas de que la pena de muerte prevenga la delincuencia. El gobierno de Tailandia debe seguir la tendencia a abolir la pena capital imperante en todo el mundo.