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Detención de una niña de 11 años, última violación de derechos humanos en Manipur

Una niña de 11 años del estado indio de Manipur recibe tratamiento para el estado de shock en que se encuentra tras pasar cinco días bajo custodia policial. Las fuerzas de seguridad se llevaron a Bidyarani Devi Salam de su casa la mañana del 14 de agosto. "Amnistía Internacional pide que se abra de inmediato una investigación y se emprendan acciones contra los agentes responsables de este acto vergonzoso", ha declarado Madhu Malhotra, directora adjunta del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. Organizaciones locales de derechos humanos han denunciado que la policía secuestró a la niña para que sus padres –sospechosos de ayudar a grupos locales armados de oposición– se entregaran. "El que las fuerzas armadas ejerzan la violencia contra una menor de edad para justificar sus operaciones contra los grupos armados de oposición es un acto inaceptable que no debe ser tolerado bajo ningún concepto", ha dicho Madhu Malhotra. "Ya es hora de que se derogue la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas de 1958, que da inmunidad a las fuerzas de seguridad y las fuerzas paramilitares que se enfrentan a los grupos armados de oposición." La policía sostiene que se llevaron a la niña para que recibiera tratamiento médico tras el desmayo que sufrió cuando fueron a su domicilio a buscar a sus padres. Sin embargo, la policía no pudo explicar por qué no la enviaron a un centro infantil o a un hospital para recibir tratamiento. Bidyarani Devi Salam fue puesta en libertad y entregada a sus familiares el jueves día 20, tras detener la policía a sus padres como sospechosos de ayudar al Ejército Popular de Liberación de Manipur. Ese mismo día por la tarde la niña recibía tratamiento en el Instituto Regional de Ciencias Médicas de Manipur. Los doctores dijeron que era demasiado prematuro realizar un diagnóstico y que se encontraba en observación. Mala Lisam, coordinadora de la organización Childline en el estado de Manipur, señaló que las organizaciones de beneficencia están viendo cómo pueden ayudarla. Ésta es la segunda vez en un mes que Manipur es centro de atención por graves violaciones de derechos humanos. El 23 de julio, la policía y las fuerzas de seguridad de este estado mataron a disparos a un ex miembro de milicias de 27 años, Chungkam Sanjit, que no iba armado, y a una embarazada que se encontraba en ese momento en el mercado central de Manipur. El ministro principal de Manipur, Ibobi Singh, ha ordenado una investigación judicial sobre los homicidios del 23 de julio y ha suspendido de servicio a seis policías. Sin embargo, los agentes aún no han sido acusados oficialmente de asesinato. Un tribunal ha dado de plazo hasta el 25 de agosto al gobierno del estado para que presente oficialmente cargos contra ellos. Los días 4 y 5 de agosto, la policía detuvo a varios activistas de derechos humanos, tres de ellos mujeres, que condujeron a manifestantes pacíficos ante la residencia del gobernador del estado pidiendo el despido de los agentes de policía por los asesinatos y la presentación de cargos formales contra ellos. "En vez de tomar medidas legales contra las fuerzas de seguridad que cometen graves violaciones de derechos humanos, el estado ha optado por castigar a los activistas locales por alzar pacíficamente sus voces pidiendo justicia", ha dicho Madhu Malhotra. Manipur ha sido testigo de reiteradas protestas contra la contra la Ley de Facultades Especiales de las Fuerzas Armadas de 1958, que da inmunidad a las fuerzas de seguridad y las fuerzas paramilitares en el conflicto con las milicias. Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han exigido en reiteradas ocasiones la retirada de esta ley, que vulnera las obligaciones internacionales de India respecto a la protección de los derechos humanos.