Una ONG brasileña ha agradecido a Amnistía Internacional la acción gracias a la cual un activista campesino y por el derecho a la tierra goza ahora de protección y seguridad. Las amenazas de muerte contra José Luís da Silva, contra su esposa, Severina dos Santos Silva, y su familia son ahora objeto de investigación policial.
José Luís da Silva y su familia recibieron amenazas de muerte en relación con una causa judicial entablada contra cuatro hombres a los que se acusaba de haber estado implicados en un violento ataque perpetrado contra sellos en diciembre de 2007. La familia cree que el ataque iba dirigido específicamente contra ella a causa de su lucha por el derecho a la tierra, una lucha que incluye una prolongada disputa con el propietario de una hacienda local.
La familia lleva más de 20 años viviendo en una comunidad campesina en la hacienda Quirino, estado de Paraiba. En 1998, después de que el hacendado amenazara a la comunidad con desalojarla, el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA), órgano federal responsable de la aplicación de la reforma agraria, resolvió que la tierra en la que vive la comunidad debía ser entregada a los campesinos que la habitan, como parte del proceso de reforma agraria.
Desde esa resolución, el propietario de la hacienda ha estado apelando contra la decisión ante los tribunales, al tiempo que presuntamente amenaza e intimida a los campesinos (posseiros) que –en algunos casos, desde hace 50 años– viven en la tierra.
En enero de 2009, Amnistía Internacional emitió una Acción Urgente en la que pedía que se actuara sobre el caso. La ONG Asociación de Apoyo a los Asentamientos y Comunidades Quilombolas (Associação de apoio aos asentamentos e comunidades quilombolas, AACADE), que respalda a las familias que se asentaron en la hacienda Quirino, ha afirmado que la campaña de Amnistía Internacional tuvo un efecto inmediato.
“A consecuencia de la Acción Urgente, se nombró un investigador especial de la policía encargado de hacer un seguimiento de las investigaciones sobre el ataque a la familia Silva. Este nombramiento fue consecuencia de las medidas tomadas por las autoridades federales y estatales que habían recibido cartas de miembros de Amnistía de todo el mundo.”
“Otra consecuencia de la campaña fue la emisión, el 14 de abril de este año, de un programa de televisión titulado ‘Quiero justicia’. Era la primera vez que el caso [de la hacienda Quirino] se presentaba de forma imparcial y exacta. En tercer lugar, y esto es lo más importante, las amenazas se redujeron notablemente.”