Se calcula que unas 200 personas residentes en un asentamiento informal del suburbio de Gunhill, en Zimbabue, podrían ser desalojadas sin que se les dé un preaviso adecuado, se las consulte o se siga el proceso debido. Miles de vendedores en todo Harare también pueden ver desaparecer sus puestos de mercado.
La mayoría de las personas que se verán afectadas son mujeres pobres cuyo principal medio de vida es la venta de frutas, verduras y otros productos en puestos de mercados como los de Mbare Musika y Mupedzanhamo, en Harare.
En julio de 2009, el alcalde adjunto del Consejo Municipal de Harare manifestó que las autoridades municipales habían estudiado la posibilidad de desalojar a personas de “asentamientos ilegales y mercados con el fin de restablecer el orden”. El alcalde adjunto afirmó que las personas afectadas suponían un peligro para la salud e infringían las ordenanzas municipales.
Amy Agnew, adjunta de Investigación y Acción de Amnistía Internacional sobre Zimbabue, ha declarado: “La prohibición absoluta de que personas desempleadas vendan sus mercancías les negará el sustento y constituye una violación de su derecho al trabajo. Según cifras oficiales, el desempleo en Zimbabue supera el 90 por ciento. La mayor parte de la población urbana, y en especial las mujeres, sobrevive gracias al comercio informal. El Consejo Municipal debe abstenerse de aplicar medidas que sumirán a más personas en una pobreza aún mayor”.
“Desde 2005, Amnistía Internacional viene documentando casos sobre reiterado hostigamiento de la policía municipal de Harare a vendedores y comerciantes informales por la venta de productos en lugares ‘no autorizados’, a los que confisca sus productos e impone multas”, afirma Amy Agnew.
“El alcalde de Harare tiene que frenar de inmediato todo desalojo masivo que haya pendiente de ejecución de personas que viven en asentamientos informales o que venden sus productos en los mercados de la capital. Pero, sobre todo, y antes de proceder a ningún desalojo, el Consejo Municipal tiene que dar un preaviso razonable y adecuado a las personas afectadas, y asegurarse de que no quedan sin techo ni expuestas a la violación de otros derechos humanos de los que son titulares a consecuencia de los desalojos. ”
“En los casos en que las personas afectadas no puedan hacer frente por sus propios medios a la situación, el Consejo Municipal debe adoptar todas las medidas que sean precisas, hasta el máximo de los recursos disponibles, para asegurar viviendas adecuadas alternativas, el realojo o el acceso a tierras productivas, según proceda.”
Según Amnistía Internacional, la mayoría de personas en peligro de ser desalojadas fueron víctima de la “Operación quitar de en medio la basura” (Operation Murambatsvina), conocida oficialmente como “Operación de restablecimiento del orden”. El programa de desalojos masivos emprendido por las autoridades zimbabuenses en 2005 dejó a 700.000 personas sin hogar y sin forma de sustento.
Cuatro años después, las autoridades siguen sin proporcionar a esas víctimas un remedio efectivo y, a consecuencia de ello, muchas siguen aún en peligro de volver a ser desalojadas tanto de sus viviendas como de sus comercios informales.