Mientras el sábado 18 de abril Zimbabue conmemora sus 29 años de independencia, personas vinculadas al nuevo gobierno de inclusión del país siguen cometiendo abusos continuados contra los derechos humanos.
Es especialmente preocupante el encarcelamiento continuado de presos políticos, la desaparición forzada de activistas políticos y de derechos humanos y las estrictas restricciones impuestas a los medios de comunicación, tanto locales como extranjeros.
El 5 de abril, el gobierno de inclusión desveló un plan de renovación de 100 días para el país. El plan, en el que se incluye el restablecimiento de los derechos humanos y la relajación de las regulaciones que afectan a los medios de comunicación, conducirá a la promulgación de una nueva Constitución antes del año 2010.
Por el momento, sin embargo, estos abusos siguen sin ser castigados. El gobierno no puede o no quiere restablecer el Estado de derecho ni garantizar que rindan cuentas todas las personas que insisten en mantener una cultura de impunidad.
Tres presos políticos se enfrentan a reclusión prolongada más de cuatro meses después de que fueran secuestrados por agentes de los servicios de seguridad del Estado. Kisimusi Dhlamini, Andrison Manyere y Gandhi Mudzingwa permanecen retenidos acusados de terrorismo.
“La opinión generalizada es que los cargos a los que se enfrentan han sido urdidos por el gobierno anterior”, ha afirmado Simeon Mawanza, experto de Amnistía Internacional sobre Zimbabue.
“Otros ex detenidos, como Jestina Mukoko, que quedaron en libertad en marzo, siguen teniendo que afrontar cargos parecidos, lo que plantea dudas sobre el compromiso del gobierno de acabar con la cultura de violaciones de derechos humanos utilizada por el anterior gobierno contra presuntos opositores.”
La Fiscalía General de Zimbabue ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Supremo para que revoque el auto de libertad bajo fianza de los tres presos políticos. La apelación se produce a pesar de que Welshman Ncube, presidente del Comité Conjunto de Seguimiento e Implementación (Joint Monitoring and Implementation Committee, JOMIC), aseguró que el Estado no se opondría a que se les concediera la libertad bajo fianza.
“Lo que está haciendo la Fiscalía General de Zimbabue parece constituir un abuso de lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley de Pruebas y Procedimiento Penal a fin de ampliar el periodo de detención de los presos políticos –ha afirmado Simeon Mawanza–. Aunque, con arreglo al artículo 121, el Estado dispone de siete días para presentar un recurso de apelación, en el pasado se ha utilizado como táctica para aplazar la liberación de los detenidos políticos”.
Amnistía Internacional ha criticado asimismo al gobierno por no investigar los informes sobre desapariciones forzadas de activistas políticos y de derechos humanos, llevados a cabo, al parecer, por agentes del Estado entre octubre y diciembre de 2008.
“Es imperdonable que el gobierno no haya investigado plenamente las desapariciones forzadas, que constituyen un delito en virtud del derecho internacional, de más de 30 personas el año pasado –ha declarado Simeon Mawanza–. Las autoridades tampoco han investigado las denuncias de tortura y malos tratos formuladas por las víctimas. Por el contrario, parece que el Estado protege a los responsables”.
Asimismo, la organización instó al gobierno a cumplir con su promesa de liberar a los medios de comunicación concediendo licencias a medios locales, como el proscrito Daily News y la emisora comunitaria Radio Dialogue, y permitiendo que los medios internacionales operen en el país.
“El gobierno de inclusión necesita demostrar que no hace promesas vacías. Muchas de las medidas que se están pidiendo no costarán dinero al gobierno, por lo que no hay excusa para no ponerlas en práctica inmediatamente”, ha declarado Simeon Mawanza.
Amnistía Internacional manifestó su decepción por la “actitud de no intervención” de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral y de la Unión Africana cuando es evidente que hay elementos del partido Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico del presidente Mugabe que están debilitando la letra y el espíritu del Acuerdo Político Global.
“En calidad de garantes del Acuerdo Político Global, la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral y la Unión Africana no han sido capaces de ejercer su influencia política para acabar con los abusos contra los derechos humanos en Zimbabue –ha dicho Simeon Mawanza. Han preferido mirar hacia otro lado con la esperanza de que los problemas desaparezcan. Con esta acción, están ayudando a reforzar el poder de personas que temen que si este gobierno tiene éxito se verán obligadas a rendir cuentas de pasadas violaciones de derechos humanos”.
Morgan Tsvangirai, dirigente del Movimiento por el Cambio Democrático, juró el cargo como primer ministro en febrero de 2009 tras meses de disputas sobre un acuerdo de reparto del poder firmado con Robert Mugabe en un principio en septiembre de 2008.