Los tres últimos presos políticos secuestrados por agentes estatales en Zimbabue en diciembre de 2008 quedaron en libertad bajo fianza el viernes 17 de abril. Kisimusi Dhlamini, Andrison Manyere y Gandhi Mudzingwa estaban entre los más de 30 activistas políticos y de los derechos humanos que fueron víctimas de desaparición forzada y posterior detención ilegal.
Llevaban más de cuatro meses detenidos. Kisimusi Dhlamini y Gandhi Mudzingwa formaban parte del grupo de detenidos que fueron torturados por agentes estatales. Amnistía Internacional, que condenó los secuestros, ha acogido las liberaciones con reservas.
“La liberación debería haberse producido hace tiempo, y significa que podrán finalmente iniciar el difícil proceso de afrontar el trauma de haber sido víctimas de violaciones tan graves”, ha declarado Simeon Mawanza, experto de Amnistía Internacional sobre Zimbabue. “Esperamos que sea la última vez que vemos esta clase de actividad por parte de las autoridades de Zimbabue.”
A Kisimusi Dhlamini, Andrison Manyere y Gandhi Mudzingwa se les concedió la libertad bajo fianza el 9 de abril. Sin embargo, el ministerio público intentó impedir su liberación notificando su intención de apelar ante el Tribunal Supremo para que revocara la orden.
Dado que la apelación del ministerio público no se presentó en el plazo de siete días estipulado por la ley, los detenidos quedaron en libertad. Siguen haciendo frente a cargos de terrorismo, que según creencia generalizada fueron falsificados por el Estado.
Los otros ex presos de conciencia y detenidos políticos que fueron víctimas de desaparición forzada y detención ilegal también se enfrentan a cargos semejantes.
Kisimusi Dhlamini y Gandhi Mudzingwa estaban bajo custodia policial en la clínica Avenues, donde recibían tratamiento después de haber sido torturados por agentes de seguridad del Estado tras su desaparición forzada. Andrison Manyere estaba recluido en la prisión de máxima seguridad de Chikurubi.
Amnistía Internacional ha pedido al gobierno que investigue los informes de desaparición de activistas que presuntamente fueron secuestrados por agentes del Estado entre octubre y diciembre de 2008.
“Es un escándalo que el nuevo gobierno no haya investigado plenamente todavía la desaparición forzada de más de 30 personas el año pasado”, declaró Simeon Mawanza. ” Las autoridades tampoco han investigado las denuncias de tortura y malos tratos presentadas por las víctimas. De hecho, el Estado parece estar protegiendo a los responsables.
“El hecho de que estos activistas sigan teniendo que afrontar cargos suscita dudas acerca del compromiso del gobierno de poner fin a la cultura de violaciones de derechos humanos que utilizó el anterior gobierno contra sus presuntos opositores.”
Simeon Mawanza agregó que Amnistía Internacional se sentía especialmente decepcionada por la “actitud de no intervención” de la Comunidad de Desarrollo Económico del África Austral y la Unión Africana, pese a la existencia de indicios claros de que el partido Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico está menoscabando el Acuerdo Político Global.