El 26 de abril un tribunal especial de Sudán condenó a muerte a otros 11 hombres. Los presuntos miembros del grupo armado de oposición con base en Darfur, Movimiento Justicia e Igualdad (JEM, por sus siglas en inglés), fueron declarados culpables de participar en un ataque lanzado el 10 de mayo de 2008 contra el gobierno sudanés en Jartum. Al parecer, en el ataque murieron más de 220 personas. Tras las condenas dictadas el domingo, son 82 los hombres condenados a muerte por los ataques de Jartum. El 22 de abril se había condenado a muerte a 11 hombres y el 15 de abril a otros 10. Los restantes 50 hombres condenados a muerte lo habían sido entre julio y agosto de 2008: sus abogados apelaron en agosto y se aguarda la decisión del Tribunal de Apelación. Los representantes letrados de los hombres condenados más recientemente disponen de un plazo de una semana a partir de la condena para interponer una apelación. Según activistas de derechos humanos y abogados locales, los juicios de estos hombres fueron a todas luces injustos: muchos no tuvieron acceso a representación letrada hasta después del comienzo de los juicios. Muchos fueron sometidos a tortura u otros malos tratos, y en numerosos casos se confesaron culpables como consecuencia de las torturas sufridas. El 13 de abril, el gobierno sudanés ejecutó a nueve hombres que podían haber sido inocentes de los delitos por los que fueron condenados. Los hombres habían sido declarados culpables del asesinato del director de periódico Mohamed Taha en 2006. Según los informes, sus confesiones habían sido obtenidas mediante tortura. Tras las ejecuciones, Amnistía Internacional expresó su indignación porque las autoridades sudanesas siguieran aplicando la pena de muerte tras juicios manifiestamente injustos. La organización instó al gobierno a abolir la pena de muerte de inmediato. El ataque lanzado en mayo de 2008 contra Jartum por el Movimiento Justicia e Igualdad fue neutralizado por las fuerzas sudanesas en cuestión de horas, y fue seguido de una ola de arrestos de civiles de Darfur residentes en Jartum a manos del Servicio Inteligencia y Seguridad Nacional. Durante los meses siguientes, Amnistía Internacional recibió informes sobre ejecuciones extrajudiciales, cientos de arrestos arbitrarios y reclusiones en régimen de incomunicación, así como sobre actos generalizados de tortura y otros malos tratos a personas detenidas; los arrestos han continuado, aunque en menor número. Muchas de las personas arrestadas han sido víctimas de desaparición forzada. El 29 de mayo de 2008 se crearon los Tribunales Especiales Antiterroristas para enjuiciar a las personas acusadas de participar en el ataque contra Jartum. Su creación, conforme a la Ley Antiterrorista de 2001 –que se aplicó por primera vez en esta ocasión–, contraviene la Constitución Provisional de 2005 y la legislación sudanesa en vigor. El uso de la tortura para obtener confesiones se incorporó al sistema de justicia sudanés en el artículo 10.i de la Ley sobre Pruebas de 1993, que establece que “cuando el tribunal considere que las pruebas son independientes y admisibles, éstas no se desestimarán únicamente por haber sido obtenidas mediante un procedimiento indebido”.
