Siguen aumentando las bajas civiles en Sri Lanka

La ONU calcula que más de 6.500 civiles han muerto y 13.000 han resultado heridos en los combates registrados en el noreste de Sri Lanka. Sólo esta semana, según los informes, se produjeron centenares de víctimas entre la población civil.

Tanto el gobierno de Sri Lanka como los Tigres de Liberación de Eelam Tamil deben actuar de inmediato para que no haya más víctimas civiles.

El viernes 24 de abril, el secretario general de Naciones Unidas envió a la zona de conflicto un esquipo especial en misión humanitaria para realizar tareas de observación y evaluación de la situación, para apoyar las labores de ayuda humanitaria y para concentrar los esfuerzos en la protección a los civiles.

“Entre la población civil se producen muertos y heridos porque los Tigres de Liberación de Eelam Tamil y las tropas del gobierno están violando el derecho internacional humanitario –ha señalado Yolanda Foster, experta de Amnistía Internacional en asuntos de Sri Lanka–. La terrible situación de los civiles atrapados entre dos fuegos se ve agravada por la falta de ayuda humanitaria, como comida, agua, medicinas y equipo médico.”

El nivel de suministros médicos en la denominada zona segura es mínimo y se encuentra en un nivel crítico. Son muchos los civiles que corren peligro de morir a causa de las heridas que han sufrido como consecuencia de la guerra, bajas que podrían evitarse si se permitiera el acceso inmediato de ayuda humanitaria vital.

Según Yolanda Foster: “El gobierno debe permitir el acceso a la zona situada al oeste de la laguna que ahora está  bajo su control efectivo. Sin ayuda internacional inmediata se producirán más muertes que ahora son evitables.”

El gobierno de Sri Lanka ha sostenido durante meses que la cifra de civiles atrapados en la zona de conflicto era inferior a la que calculaban las agencias de ayuda. El resultado es que ahora el gobierno no está preparado para hacerse cargo de los civiles que están cruzando al territorio bajo su control por decenas de miles, cifra muy superior a la que calculaba el gobierno.

El hacinamiento en muchos campos es extremo, y el principal hospital de distrito, en Vavuniya, trabaja por encima de sus posibilidades. Debe permitirse un acceso sin trabas de la ayuda humanitaria a los campos para que tanto las agencias locales como internacionales puedan proporcionar asistencia médica esencial para salvar vidas, refugio, agua y alimentos.

En los tres últimos meses, los Tigres de Liberación de Eelam Tamil han utilizado a los civiles atrapados en la zona de conflicto como un colchón contra las tropas del gobierno. Cuando los civiles han intentado huir, los Tigres los han atacado. Pese a la afirmación del gobierno de haber creado una “zona de seguridad” para los civiles, las fuerzas armadas de Sri Lanka han utilizado al parecer artillería pesada, armamento de efectos indiscriminados, dadas las circunstancias, que ha causado muertos y heridos entre la población civil. Tanto los Tigres como las fuerzas armadas de Sri Lanka han vulnerado las leyes de la guerra.

“La comunidad internacional debe presionar de manera efectiva al gobierno de Sri Lanka y a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil con el fin de proteger a la población civil”, ha declarado Yolanda Foster. “En concreto, ambos bandos deben garantizar que todo civil que desee abandonar la zona de conflicto pueda hacerlo sin ser atacado por los Tigres de Liberación de Eelam Tamil ni ser castigado por las fuerzas del gobierno.”

“Después de garantizar que los civiles puedan ponerse a salvo, el gobierno debe utilizar métodos y armas de efectos no indiscriminados en el caso de que continúe sus ataques contra los Tigres de Liberación de Eelam Tamil.”

En la práctica, el gobierno de Sri Lanka mantiene recluidos a los civiles que huyen de la zona de conflicto en centros de detención. Amnistía ha recibido informes creíbles de desapariciones forzadas de jóvenes tamiles que abandonan la zona.

“Sri Lanka tiene un largo y bien documentado historial de desapariciones forzadas que se remonta a la década de 1980. Esta práctica generalizada queda impune casi siempre”, ha indicado Yolanda Foster. “Todo combatiente tamil capturado debe ser tratado con arreglo a las normas internacionales.”

Amnistía Internacional insta al Consejo de Seguridad de la ONU a que analice el mejor modo de garantizar la protección de la población civil y el cese de las desapariciones forzadas, y de asegurar que las personas desplazadas internamente reciben refugio adecuado. Asimismo, la organización insta al Consejo de Seguridad a que despliegue observadores internacionales sobre el terreno para que valoren la situación con datos de primera mano y a que asegure que se toman medidas inmediatas para atajar la crisis humanitaria y de derechos humanos.

“Hay que ocuparse lo más rápido posible de la población civil desplazada, proporcionarle atención médica y prestarle asistencia en su reubicación”, concluye Yolanda Foster.