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Culpan de la violencia en Moldavia a los organizadores de una manifestación pacífica

Las autoridades de Moldavia han amenazado con detener a un grupo de activistas de la sociedad civil que organizaron una manifestación pacífica, a los que culpan de los disturbios del día siguiente. El grupo había informado a las autoridades de que se iba a realizar una manifestación de varios centenares de personas en las proximidades de los edificios del gobierno en el centro de Chisinau, la capital de Moldavia. A la manifestación acabaron sumándose unas 10.000 personas. Amnistía Internacional considera que los activistas ejercieron su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica y si son detenidos por organizar una reunión pacífica que habían notificado a las autoridades, la organización los considerará presos de conciencia. “Las autoridades moldavas tienen la obligación de proteger el derecho a la libertad de expresión y de reunión —ha afirmado Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional—. Deben distinguir cuidadosamente entre los presuntos autores de actos delictivos y quienes han ejercido su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica”. El grupo de activistas, integrado por Elena Zgardan, Natalia Morari, Artur Gurãu, Ion Tarna, Ghenadie y Oleg Brega, entre otros, pretendía conmemorar una “jornada de duelo” por los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas en Moldavia el 5 de abril y anunciaron la concentración en redes sociales de Internet, por medio de mensajes de texto enviados por teléfono móvil y corriendo la voz. Natalia Morar declaró a Amnistía Internacional que no esperaban que acudiesen más de 300 jóvenes y que se quedaron asombrados al ver que se les unían 10.000 personas, entre ellas los líderes de todos los partidos importantes de la oposición. Los organizadores del acto pidieron a los manifestantes que se marchasen a las 20 horas, pero los líderes políticos presentes siguieron dirigiéndose a la multitud hasta las 20:30 y antes de dispersarse pacíficamente anunciaron que habría una concentración a las 10 de la mañana siguiente. El 7 de abril se congregaron en la plaza de la Gran Asamblea Nacional hasta 15.000 personas  que marcharon hasta los edificios de la Presidencia y el Parlamento. A mediodía, la manifestación había desembocado en actos de violencia. Tras un pulso inicialmente pacífico entre la policía y los manifestantes en las escalinatas de ambos edificios, la multitud comenzó a presionar contra la línea de policía. Personal de Amnistía Internacional presenció cómo la multitud arrojó objetos como botellas de vidrio y de plástico, piedras, huevos, así como trozos de pavimento y de ladrillos contra el edificio de la administración presidencial, custodiado por la policía antidisturbios. Según algunas denuncias, la violencia fue provocada por funcionarios vestidos de civil que estaban entre la multitud. Pese a su importante presencia, la policía antidisturbios finalmente se retiró por completo y los manifestantes irrumpieron en ambos edificios y saquearon despachos, iniciaron incendios y arrojaron muebles y documentos por las ventanas. Ambos edificios permanecieron prácticamente sin vigilancia el resto del día.   El 7 de abril, la Fiscalía General hizo público un comunicado de prensa en el que afirmaba que los organizadores y participantes de la “jornada de duelo” habían violado lo dispuesto en la ley sobre reuniones por no respetar el orden público y por la participación de menores, incitación a la embriaguez y daños al transporte público. En el comunicado se nombraba a Ghenadie Brega. El miércoles, Natalia Morari y Oleg Brega escucharon una información según la cual habían sido acusados de intentar derrocar al gobierno. Estas acusaciones no han sido confirmadas, pero la Fiscalía General informó a un amigo de Oleg y Ghenadie Gregha que se había abierto una causa general por intento de derrocamiento del gobierno. Amnistía Internacional ha recibido informes sobre uso excesivo de la fuerza por la policía tras los disturbios. Valentina Cusnir, parlamentaria independiente, estaba cerca de la calle principal de Chisinau hacia el mediodía del 7 de abril. Valentina declaró a Amnistía Internacional que presenció cómo la policía golpeaba a cinco jóvenes que habían tratado de volcar un quiosco. Valentina Cusnir afirmó que varios policías propinaron patadas a un hombre “como si estuvieran jugando al fútbol”. Vio más palizas y cómo los policías disparaban sus armas al aire para intimidar a los manifestantes. La parlamentaria independiente también informó de que un policía la insultó al gritar: “¡Lleváosla también a ella, a esa puta!” El policía la agarró de los brazos y cuando ella se resistió, la derribó al suelo a empujones y la arrastró unos 200 metros antes de dejarla marchar. Valentina sufrió magulladuras e hinchazón en los brazos y la espalda, y una posible conmoción cerebral al golpearse la cabeza contra el pavimento. “Amnistía Internacional entiende que la policía tiene la responsabilidad de proteger la propiedad y garantizar el orden público—ha declarado Nicola Duckworth—. No obstante lo anterior, la organización insta a las autoridades a que investiguen de forma independiente y exhaustiva los informes sobre uso excesivo de la fuerza por la policía. Además, los detenidos deben ser acusados formalmente y sin dilación de un delito reconocible o puestos en libertad, y tener acceso a abogados y médicos. Asimismo, debe informarse a sus familias de su detención”.