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Nueve hombres ejecutados en Sudán tras un juicio injusto

El lunes, el gobierno sudanés ejecutó a nueve posibles inocentes. Los nueve ejecutados habían sido condenados por asesinato, pero sus confesiones se habían extraído mediante tortura.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades sudanesas que decreten de inmediato la abolición de la pena capital. La organización se opone a la pena de muerte incondicionalmente, en todas las situaciones, por considerarla una violación del derecho a la vida y el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante.

“Este caso es un trágico ejemplo de lo que sucede cuando se aplica un castigo irreversible como la pena de muerte”, ha declarado Tawanda Hondora, director adjunto del Programa para África de Amnistía Internacional. “La ejecución de estos nueve hombres es indignante. Fueron detenidos arbitrariamente, torturados y sometidos a un juicio injusto.”

Los nueve ejecutados eran: Ishaq Mohammed Sanousi (se cree que tenía 71 años), Abdel Hay Omar, Mustafa Adam, Mohammed Birgid, Hassan Adam Fadel, Adam Ibrahim, Jamaleddin Isa, Abdel Magid Ali Abdel Magid y Sabir Hassan. Habían sido declarados culpables del asesinato, cometido en septiembre de 2006, de Mohamed Taha, director de un periódico.

Los nueve afirmaban haber sido torturados para hacerles confesar el crimen, y aseguraban que los habían obligado a firmar confesiones que más tarde se presentaron ante el tribunal. Todos ellos se retractaron durante el juicio de sus confesiones, pero el Tribunal de Apelaciones las aceptó como prueba en la que basar las condenas de muerte.

Los abogados defensores pidieron que se sometiera a los acusados a exámenes médicos con el fin de verificar las denuncias de tortura, pero las peticiones fueron denegadas a pesar de que muchos de los hombres presentaban señales de haber sido torturados.

Amnistía Internacional siente preocupación por que el uso de la tortura para extraer confesiones está incorporado en el sistema de justicia sudanés por medio del artículo 10.i de la Ley de Pruebas de 1993, que establece que “[...] las pruebas no se rechazarán únicamente por haber sido obtenidas mediante un procedimiento inadecuado, si el tribunal considera que son independientes y admisibles”.

Los nueve hombres y un décimo, Al Taieb Abdelaziz Ishag, que se cree que era menor de 16 años en el momento del delito, fueron condenados a muerte originalmente en noviembre de 2007. El 26 de agosto de 2008, el Tribunal Supremo confirmó las condenas de muerte de los nueve, y modificó los cargos contra Al Taieb Abdelaziz Ishag: en lugar de asesinato, lo acusó de dar cobijo a delincuentes.