Una mujer yemení acusada de haber matado a su esposo puede ser ejecutada de forma inminente. Fatima Hussein-Badi fue declarada culpable de asesinato en 2001 y se enfrenta a la pena capital a pesar de una sentencia judicial de 2003 en la que se afirmaba que no participó en la muerte.

El temor por su vida es cada vez mayor después de la ejecución de otra mujer por cargos similares el domingo 19 de abril. 'Aisha Ghalib al-Hamzi fue condenada a muerte por el asesinato de su esposo en octubre de 2003 y su condena fue confirmada en fase de apelación en 2007.

En diciembre de 2008, el Tribunal Supremo de Saná confirmó la condena a muerte, que fue ratificada por el presidente del país. 'Aisha Ghalib al-Hamzi fue ejecutada después de que los familiares de su esposo, incluidos los siete hijos de la pareja, se negaran a indultarla.

En virtud de la norma de qisas (castigo equivalente al delito cometido) de la shari'a (ley islámica), los familiares de las víctimas de ciertas categorías de asesinato tienen la prerrogativa de indultar al culpable a cambio de una indemnización (dinero de sangre), concederle el indulto gratuitamente o solicitar su ejecución.

Amnistía Internacional ha condenado la ejecución de 'Aisha Ghalib al-Hamzi y ha pedido a las autoridades yemeníes que no ejecuten a Fatima Hussein-Badi y que detengan de inmediato todas las demás ejecuciones. La organización se opone a la pena de muerte incondicionalmente en todas las situaciones por ser una violación del derecho a la vida y la máxima expresión de pena cruel, inhumana o degradante.

Fatima Hussein-Badi fue detenida junto con su hermano por el asesinato de su esposo, Hamoud Ali al-Jalal, el 13 de julio de 2000. Durante los interrogatorios, la policía intentó presuntamente obligar a Fatima a confesar llevando ante ella a su hermano Abdullah con la cara cubierta de sangre.

Después la amenazaron con violarla en presencia de su hermano, que al parecer confesó el asesinato para salvarla.

De acuerdo con la información de que dispone Amnistía Internacional, no se le proporcionó un abogado durante los interrogatorios y sólo se le permitió la asistencia de un abogado tras ser acusada formalmente de asesinato. Durante varias vistas judiciales, Fatima y Abdullah no dispusieron de representación letrada y se les obligó a guardar silencio cada vez que intentaban hablar en el tribunal.

El Tribunal de Primera Instancia condenó a muerte a Fatima y a su hermano en febrero de 2001 y el Tribunal de Apelación confirmó las condenas a muerte en agosto de 2002.

En septiembre de 2003, el Tribunal Supremo falló que Fatima Hussein-Badi no había tomado parte en la muerte de su esposo pero había participado en la ocultación del cadáver, y redujo la condena a cuatro años de cárcel.

Sin embargo, tras la injerencia del presidente del Parlamento, el presidente de Yemen se negó a ratificar la sentencia revisada y devolvió la causa al Tribunal Supremo para un segundo examen. Se volvió a dictar la condena a muerte, que después fue ratificada por el presidente yemení.

El hermano de Fatima fue ejecutado en mayo de 2005. Ella continúa en el corredor de la muerte y corre el riesgo de ser ejecutada. Al parecer, su hijo, que según los informes es el mayor de sus cuatro descendientes, se niega a concederle el  indulto en virtud de la norma de qisas y exige su ejecución inmediata.

“En el caso de Fatima Hussein-Badi, los poderes ejecutivo y legislativo del Estado han interferido de forma flagrante en asuntos que deberían ser exclusivamente judiciales”, ha declarado Philip Luther, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. “Estas injerencias, unidas a las graves irregularidades que se cometieron en la investigación y el juicio, hacen que la amenaza de la ejecución sea especialmente alarmante.”

Yemen retiene la pena de muerte para una amplia variedad de delitos, desde el asesinato hasta delitos no violentos como la apostasía. Este amplio alcance, unido al hecho de que los procedimientos judiciales incumplen a menudo las normas internacionales, ha contribuido a que Yemen sea uno de países que más usan la pena de muerte en el mundo.