El ejército de Israel está recibiendo presiones para que haga públicos todos los detalles de las conclusiones de la investigación sobre los ataques llevados a cabo durante los 22 días que duró su ofensiva sobre Gaza, que comenzó el 27 de diciembre de 2008. La investigación de la Fuerza de Defensa Israelí ha determinado que no cometió violaciones de derechos humanos, sino sólo errores aislados, algunos de los cuales causaron la muerte de civiles palestinos.
“Llama la atención la enorme diferencia existente entre el ‘número muy pequeño’ de errores mencionados en el documento informativo de la Fuerza de Defensa Israelí y el homicidio a manos de las fuerzas israelíes de unos 300 niños y niñas palestinos y centenares de civiles desarmados más”, ha manifestado Donatella Rovera, investigadora de Amnistía Internacional sobre Israel y los Territorios Palestinos Ocupados. “En el documento del ejército ni siquiera se intentan explicar el hecho de que la inmensa mayoría de las víctimas mortales fueran civiles ni la destrucción masiva de edificios civiles causada en Gaza.”
El documento informativo que la Fuerza de Defensa Israelí distribuyó el miércoles 22 de abril a los periodistas, en el que se dice que “todas las conclusiones deben utilizarse como información general, atribuible únicamente al reportero”, carece de detalles esenciales.
Según Donatella Rovera: “El documento repite, en su mayor parte, afirmaciones que el ejército y las autoridades han hecho ya muchas veces desde los primeros días de la Operación Plomo Fundido, sin proporcionar los datos necesarios para probarlas.”
“A falta de los datos necesarios para probarlas, las afirmaciones del ejército parecen un intento de eludir responsabilidades más que el resultado de un proceso llevado a cabo realmente para establecer la verdad. Tal enfoque carece de credibilidad.”
“En última instancia, no se trata de que las víctimas demuestren que no estaban participando en actividades de combate, sino que es a los responsables de los bombardeos y los ataques de artillería y demás acciones militares a quienes corresponde proporcionar pruebas de que tales ataques se hicieron realmente contra objetivos militares legítimos. La información proporcionada hasta ahora por el ejército no contiene tales pruebas.”
Con respecto a lo ocurrido cerca la escuela de la UNRWA (Fakhoura School) de Jabalia el 6 de enero de 2009, en el documento informativo del ejército se dice que “los soldados respondieron con fuego de represalia mínimo y proporcionado, utilizando el arma más precisa de que disponían”. Sin embargo, lo cierto es que los soldados dispararon al menos cuatro morteros contra una calle llena de gente.
Los morteros son armas zonales, que no pueden dirigirse contra un objetivo específico y que tienen un amplio margen de error. Era casi seguro que el uso de un arma claramente imprecisa contra una zona civil muy transitada iba a causar muertos y heridos civiles, por lo que jamás debería haberse recurrido a él. Aunque el ejército sostiene que en estos ataques murieron 12 personas en total –5 combatientes y 7 civiles–, lo cierto es que resultaron muertas una 30, en su mayoría civiles.
Con respecto a los ataques con artillería y fósforo blanco contra la sede de la UNRWA, en el centro de la ciudad de Gaza, el 15 de enero de 2009, el ejército afirma que “parece que fragmentos de proyectiles de humo impactaron en un almacén situado en la sede [de la UNRWA]”. En realidad no fueron sólo fragmentos lo que impactó contra dependencias de la UNRWA.
Investigadores de Amnistía Internacional vieron varios proyectiles de artillería de fósforo blanco que habían caído en la sede de la ONU y explotado allí, junto con al menos un proyectil de artillería con explosivo de alta potencia. Amnistía Internacional no tiene razones para dudar del ejército cuando asegura que no atacó la sede de la ONU, ya que la artillería es demasiado imprecisa para utilizarla contra objetivos muy concretos.
“El quid del asunto es el uso ilegítimo de un arma tan imprecisa como la artillería y que contenía, además, una sustancia tan peligrosa como el fósforo blanco en medio de zonas residenciales densamente pobladas”, ha declarado Donatella.
Amnistía Internacional tampoco puede estar de acuerdo con la afirmación del ejército de que “no se podían prever estos resultados” y de que “las cuñas de fieltro impregnadas en fósforo no son incendiarias”.
Amnistía Internacional llevó a cabo una misión de investigación en el sur de Israel y en Gaza, en enero y febrero, durante la ofensiva militar y con posterioridad a ella. Los investigadores de la organización sobre el terreno hallaron centenares de cuñas de fieltro impregnadas de fósforo blanco en zonas residenciales por toda Gaza, aún humeantes semanas después de haber sido disparadas. Asimismo, encontraron decenas de vainas de proyectiles de artillería que habían descargado el fósforo blanco por toda Gaza.
“El gran número de civiles muertos y heridos y la destrucción en gran escala resultantes de ataques que a menudo violaron el derecho internacional humanitario exigen una investigación completa, independiente e imparcial”, subrayó Donatella.
“El ejército israelí no proporciona información concreta y detallada sobre por qué se eligieron determinados objetivos y se utilizaron determinados medios y métodos de ataque, y sin esa información no se puede evaluar su conclusión de que la Fuerza de Defensa Israelí respetó plenamente el derecho internacional humanitario. Los datos que ofrece en su documento informativo son insuficientes y, en algunos casos, contradicen los reunidos por Amnistía Internacional y otros observadores.”
Desde comienzos de febrero, Amnistía Internacional ha solicitado reiteradamente reunirse con el ejército israelí para hablar de su preocupación por las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas durante la Operación Plomo Fundido, y también ha presentado una lista detallada de casos y cuestiones sobre los que pide información. Hasta la fecha, la Fuerza de Defensa Israelí no ha respondido a las solicitudes de la organización.
Amnistía Internacional ha formulado un llamamiento a las autoridades israelíes para que reconsideren su negativa a cooperar con la misión de investigación establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU encabezada por el juez Richard Goldstone, quien ha dejado clara su intención de investigar las violaciones del derecho internacional por todas las partes implicadas en el conflicto de Gaza y el sur de Israel.
La organización también ha reiterado su llamamiento al Consejo de Seguridad de la ONU para que emprenda una investigación internacional independiente sobre los presuntos crímenes de guerra y otras violaciones del derecho internacional cometidos por todas las partes.