Al menos 13 personas han muerto mientras permanecían recluidas bajo custodia hacinadas en una celda policial de Mozambique.
Amnistía Internacional ha instado a las autoridades del país a que investiguen las muertes urgentemente. Los cadáveres de las personas recluidas fueron descubiertos el miércoles 18 de marzo en una celda de la comisaría de policía de Mogincual, en la provincia septentrional de Nampula.
En un primer momento se informó de la muerte de 12 detenidos, pero la Liga Mozambiqueña de Derechos Humanos (LMDH) ha manifestado que se tiene constancia de un mínimo de 13 muertes. Según la LMDH, en la celda, con capacidad para albergar a 10 personas, había más de 40 detenidos.
Al menos 12 de los 13 muertos pertenecían al grupo de 29 personas detenidas como sospechosas de incitar a la violencia tras los homicidios de dos policías y dos trabajadores de la Cruz Roja en una protesta violenta sobre el tratamiento para el cólera. El 14 de marzo se desencadenaron actos violentos en la localidad de Quinga, cuando habitantes del lugar acusaron a trabajadores de la Cruz Roja -que estaban echando cloro en los pozos- de contaminar el suministro de agua con cólera.
El administrador del distrito afirmó que las muertes podían haberse producido a consecuencia de enfrentamientos entre los detenidos mientras estaban bajo custodia. Sin embargo, no se han determinado las causas de las muertes.
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades que garanticen que se lleva a cabo urgentemente una investigación independiente, exhaustiva y sin dilación sobre las causas de las muertes. La organización considera especialmente preocupantes las condiciones de hacinamiento en las que se mantenía a los detenidos.
“La investigación debe determinar las circunstancias exactas en que se produjeron las muertes y el grado de responsabilidad de las autoridades policiales en todos los niveles”, ha afirmado Michelle Kagari, directora del Programa Regional para África de Amnistía Internacional.
“Debe darse a conocer la verdad y deben emprenderse las acciones necesarias, con medidas como poner a disposición de la justicia a las personas sospechosas de ser responsables de esta grave violación de derechos humanos y garantizar que las familias de las víctimas reciben una indemnización adecuada.”