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Amenazas y ataques: los peligros de la apertura de los archivos policiales en Guatemala

En los últimos días, quienes trabajan en la apertura de los archivos policiales de Guatemala, y sus familiares, están recibiendo amenazas y siendo objeto de ataques. El miércoles 25 de marzo, la esposa del procurador de los Derechos Humanos fue secuestrada y torturada.

Un funcionario ha sido golpeado y otros miembros de la Procuraduría de los Derechos Humanos han recibido varias amenazas, incluida una amenaza de bomba y una amenaza contra la vida del procurador.

Los archivos policiales contienen información sobre las atrocidades cometidas por las fuerzas de seguridad durante el conflicto armado interno en Guatemala. Miembros de la Procuraduría de los Derechos Humanos descubrieron en 2005 estos archivos, y desde entonces se han dedicado a organizar y clasificar la información que hay en ellos. La semana del 23 de marzo pusieron a disposición del público 12 millones de documentos de los alrededor de 80 millones que se calcula que hay.

Amnistía Internacional considera que estos ataques y amenazas han sido llevados a cabo para intimidar a la Procuraduría de los Derechos Humanos y disuadir a su personal de continuar con su trabajo. En un caso de desaparición forzada se han presentado cargos formales contra dos ex agentes de policía gracias a la información descubierta en los archivos.

Amnistía Internacional exigió hoy a las autoridades guatemaltecas que investiguen de manera inmediata y rigurosa los ataques contra las personas relacionadas con la apertura de los archivos y sus familiares.

“Los fantasmas del pasado no tienen lugar hoy en Guatemala,” dijo Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional. “Las autoridades guatemaltecas deben asegurarse de que las personas responsables de los ataques y amenazas contra quienes trabajan para sacar a la luz los abusos cometidos durante el conflicto armado no se salgan con la suya.”

“La apertura de los archivos policiales es un gran paso hacia la justicia en Guatemala”, dijo Kerrie Howard. “La clave ahora es asegurarse de que la información se usa para procurar justicia a miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos en Guatemala.”

Se calcula que el conflicto armado interno de Guatemala se cobró la vida de unas 200.000 personas, en su mayoría miembros de grupos indígenas mayas, a quienes se dio muerte o sometió a desaparición forzada. El conflicto se inició en 1960 y no terminó hasta 1996, año en que se firmaron los Acuerdos de Paz entre el gobierno guatemalteco y la oposición armada. Los archivos descubiertos por la Procuraduría de los Derechos Humanos pertenecían a la extinta Policía Nacional, reemplazada hoy por la Policía Nacional Civil, nuevo cuerpo creado en virtud de los Acuerdos de Paz.