Las autoridades de Azerbaiyán han retirado la demanda por difamación contra una destacada defensora de los derechos humanos.
Leila Yunus, directora del Instituto para la Paz y la Democracia, concedió una entrevista al sitio web de noticias www.day.az, en la que se hacía eco de las denuncias de violaciones de derechos humanos reveladas en un juicio penal público en curso en el que ella actuaba como observadora.
El 13 de diciembre de 2008, cinco días después de difundirse la entrevista, el Ministerio del Interior presentó una demanda civil por difamación contra Leila Yunus, alegando que había formulado “alusiones sin fundamento, ficticias y difamatorias”. Asimismo, el Ministerio exigía a Leila Yunus una retractación y el pago de una multa de 100.000 manats (aproximadamente 96.858 euros).
Amnistía Internacional consideró la demanda un obstáculo inaceptable para la libertad de expresión y, en concreto, para la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos. Por ello, ahora, ha acogido satisfactoriamente la decisión del ministro de que cesen las actuaciones judiciales contra Leila Yunus.
“Para empezar, no tenían que haberse iniciado actuaciones de ningún tipo contra Leila Yunus. La capacidad de los defensores y defensoras de los derechos humanos de trabajar sin obstáculos es vital para el funcionamiento de la sociedad civil”, dijo Nicola Duckworth, directora del Programa Regional de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.
El juicio en el que Leila Yunes actuaba como observadora se celebra contra Tavakkul, Elnur y Elchin Ismailov en el caso de la desaparición de tres niñas, Diliafruz Dashtieva y las hermanas Nailia y Reikhan Medzhidova, en el distrito de Devechi de Bakú. Se encontraron dos cuerpos que las autoridades identificaron como los de dos de las niñas desaparecidas; sin embargo, las familias de las niñas cuestionaron la identificación y han expresado el temor de que las niñas estén vivas y hayan sido secuestradas para ser objeto de trata de seres humanos.
Entre las denuncias de violaciones de derechos humanos expuestas por Leila Yunus figuraban el hecho de que el tribunal no hubiera investigado exhaustivamente las denuncias de los acusados de que habían sido sometidos a torturas y otros malos tratos, así como las denuncias de que un jefe adjunto de la policía del distrito de Devechi habría ordenado el secuestro de las niñas.
Tras una conferencia de prensa conjunta en la que intervinieron Leila Yunus, los padres de las niñas desaparecidas y los padres de los acusados, el 5 de diciembre, el tribunal citó al jefe adjunto de la policía del distrito de Devechi para que testificara, pero según los informes, el funcionario negó haber cometido ningún acto ilegítimo. No se sabe hasta la fecha de ninguna otra investigación sobre las denuncias de implicación del funcionario en la trata de seres humanos.
En diciembre de 2008, los padres de las dos hermanas desaparecidas informaron de que habían recibido amenazas telefónicas anónimas y expresaron su temor por la seguridad de sus familias.
Amnistía Internacional pide que un órgano que no esté subordinado en modo alguno al Ministerio del Interior y sea independiente de él investigue de forma rápida, exhaustiva, imparcial e independiente las denuncias de torturas y otros malos tratos formuladas por los acusados en el caso de las tres niñas, así como la posible implicación de la policía en la trata de seres humanos.