Ante la intensificación de los combates y el aumento del número de víctimas, se han intensificado también los llamamientos para una tregua humanitaria entre los Tigres de Liberación de Eelam Tamil y las Fuerzas Armadas de Sri Lanka. El pasado día 26, Amnistía Internacional reiteró su llamamiento para una tregua inmediata que permita la llegada de ayuda humanitaria a la población civil que se encuentra atrapada y garantice el tránsito en condiciones de seguridad a todas las personas que deseen salir de la zona.
Decenas de miles de personas atrapadas en “zonas seguras” de la región nororiental de Wanni corren cada vez mayor riesgo debido a la intensificación de los ataques de las dos partes en el conflicto.
“Los ataques deliberados de cualquiera de los dos bandos contra civiles constituyen crímenes de guerra –ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional–. Es de vital importancia hacer de inmediato una pausa para permitir que las personas desplazadas salgan de la zona antes de que mueran millares más. La ONU y los donantes internacionales deben ejercer presión sobre ambos bandos para que pongan fin a esta enorme catástrofe humanitaria.”
El 26 de marzo, el subsecretario general de la ONU para asuntos humanitarios, John Holmes, también pidió un paréntesis humanitario para permitir a la población civil salir de la zona. Amnistía Internacional instó a la ONU y a los donantes internacionales a presionar a Sri Lanka para que garantice el paso expedito de la ayuda humanitaria hasta los campos para personas desplazadas en la región.
Amnistía Internacional lanzó el llamamiento con ocasión de la presentación de un nuevo informe en el que se expone de forma detallada la situación la situación de las personas internamente desplazadas de Sri Lanka.
La organización ha recibido informes creíbles y coincidentes según los cuales los Tigres de Liberación han desplazado por la fuerza a civiles para obligarlos a trasladarse a zonas de Wanni bajo su control, donde los utilizan, de hecho, como rehenes y como escudo contra las Fuerzas Armadas de Sri Lanka, lo que constituye una violación flagrante del derecho internacional humanitario.
Los observadores más independientes calculan que hay entre 150.000 y 200.000 civiles atrapados en medio de los intensos combates. Según informes, los Tigres de Liberación también han atacado deliberadamente a civiles que intentaban escapar de las zonas bajo su control.
El gobierno de Sri Lanka ha agravado el sufrimiento de las personas desplazas al cortar la llegada de ayuda humanitaria internacional a una región donde no hay ya ningún hospital en funcionamiento. Las personas que arriesgan la vida y huyen tienen que soportar nuevas penalidades cuando entran en zonas controladas por el gobierno.
Amnistía Internacional ha recibido información según la cual el gobierno está aplicando un proceso de selección en los controles de seguridad y los “pueblos de bienestar” establecidos como medida de transición para discriminar a grandes grupos de personas de etnia tamil y detener a familias enteras por tiempo indefinido.
Los informes recibidos indican que en los “pueblos de bienestar” establecidos por las autoridades hay hacinamiento y faltan instalaciones adecuadas. En campos de Vavuniya y Jaffna las personas desplazadas se hallan, de hecho, detenidas, pues no se les permite salir de allí. Hay también una presencia militar continua en los campos, lo que hace que aumente el riesgo para los civiles.
“La actitud del gobierno de Sri Lanka ha consistido hasta ahora en pedir asistencia internacional a la vez que rechaza las normas o el escrutinio internacionales –ha señalado Sam Zarifi–. Las Naciones Unidas y los gobiernos donantes deben garantizar que Sri Lanka cumple con sus obligaciones y pone fin a la discriminación y al sufrimiento de las personas desplazadas.”