El papa Benedicto XVI, de visita en Angola en su primer viaje a África, ha recibido peticiones para que plantee ante las autoridades angoleñas la cuestión de los desalojos forzosos.
En concreto, Amnistía Internacional le ha pedido que aborde durante su visita el asunto de los desalojos forzosos relacionados con la Iglesia católica.
Entre 2003 y 2006, las autoridades angoleñas desalojaron por la fuerza a miles de personas de tierras pertenecientes a la Iglesia católica en Luanda, la capital del país.
Tales desalojos se llevaron a cabo sin el debido proceso, haciendo uso ilegítimo de armas de fuego y fuerza excesiva y en ausencia de un programa destinado a proporcionar alojamiento alternativo o indemnización a las personas afectadas.
La policía disparó indiscriminadamente contra personas que trataban de proteger sus hogares en los barrios de Palanca, Sapú y Wenji Maka del municipio de Kilamba Kiaxia. En ocasiones, también golpeó a mujeres, niños y niñas durante los desalojos.
Los terrenos habían pertenecido a la Iglesia católica antes de que Angola se independizase de Portugal en 1975. El gobierno angoleño se los devolvió en 1998, en respuesta a la petición que hizo el papa Juan Pablo II cuando visitó el país en 1992. Los desalojos se llevaron a cabo para que la Iglesia católica pudiera usar los solares para sus proyectos.
Cuando las autoridades angoleñas concedieron la titularidad de las tierras a la Iglesia católica, no tuvieron en cuenta a las personas que durante decenios habían vivido en la zona sumidas en la más absoluta pobreza. Al desalojarlas de esta manera, el gobierno violó los derechos humanos de los residentes.
Los desalojos forzosos generan más miseria en las personas que ya viven en la pobreza: a menudo las exponen a sufrir problemas de salud y desempleo y, en el caso de los niños, les impiden seguir escolarizados.
En otras zonas de Luanda también se han producido desalojos forzosos no vinculados a la Iglesia católica, sino motivados por proyectos de desarrollo urbano del gobierno angoleño. Aunque ha disminuido el número de este tipo de desalojos desde 2006, miles de personas siguen viviendo bajo la amenaza de ser desalojadas. Además, todavía no hay en Angola ninguna ley que prohíba expresamente los desalojos forzosos ni disposición jurídica alguna sobre seguridad de tenencia.
Amnistía Internacional ha hecho un seguimiento de los desalojos forzosos realizados en Luanda desde 2001 y los ha documentado en dos informes. El segundo, titulado Angola: Lives in Ruins: Forced evictions continue y publicado en febrero de 2007, da cuenta de los desalojos forzosos que se efectuaron en Luanda entre 2004 y marzo de 2006, y hace mención expresa a los desalojos relacionados con la Iglesia católica.
No se han llevado a cabo más desalojos forzosos en esas zonas desde la publicación del informe. Sin embargo, ni la Iglesia católica ni las autoridades angoleñas se han comprometido firmemente a asegurar que no se seguirá desalojando por la fuerza a las familias que viven allí.
No se han ofrecido indemnizaciones a las familias desalojadas por la fuerza o cuyos bienes resultaron dañados durante los desalojos. Miles de familias afectadas siguen sin recibir ningún remedio.
En una carta enviada el 20 de febrero de 2009 al cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado de Benedicto XVI, Amnistía Internacional ha pedido al papa que plantee la cuestión de los desalojos forzosos ante las autoridades angoleñas durante su visita al país.
La organización también ha solicitado al Vaticano que suscriba un compromiso firme sobre los terrenos que la Iglesia católica posee en Angola y que garantice que todo futuro desalojo de esas tierras se llevará a cabo de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos.
Asimismo, la organización ha instado a Benedicto XVI a que utilice su influencia con las autoridades angoleñas y las exhorte a que tomen medidas encaminadas a poner fin a los desalojos forzosos, hagan cumplir adecuadamente el derecho a una vivienda adecuada y proporcionen remedios efectivos a las familias afectadas.