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Irak debe detener la ejecución de 128 personas condenadas a muerte

Se ha instado al ministro de Justicia de Irak a que detenga la ejecución de 128 personas condenadas a muerte a quienes, según informes, las autoridades tienen previsto empezar a ejecutar esta semana, en tandas de 20. El uso de la pena de muerte ha ido aumentando a un ritmo alarmante desde que el gobierno la reintrodujo en agosto de 2004, tras haber estado suspendida durante más de un año por decisión de la Autoridad Provisional de la Coalición. El año pasado fueron condenadas a muerte al menos 285 personas y fueron ejecutadas al menos 34. En 2007 se condenó a muerte a 199 y se ejecutó a 33, mientras que en 2006 fueron ejecutadas al menos 65. Sin embargo, las cifras reales podrían ser mucho más altas, pues no hay datos oficiales sobre el número de presos en espera de su ejecución. "El gobierno iraquí dijo en 2004 que el restablecimiento de la pena capital pondría freno a la violencia generalizada en el país. Sin embargo, lo cierto es que la violencia se ha mantenido en niveles extremadamente altos, con lo que una vez más se ha demostrado que la pena de muerte no tiene ningún efecto disuasorio -ha manifestado Malcolm Smart, director del Programa para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional--. De hecho, muchos de los ataques que tienen lugar son atentados suicidas con explosivos, por lo que, evidentemente, es muy poco probable que la amenaza de ejecución sirva para disuadir de cometerlos." El 9 de marzo de 2009, el Consejo Judicial Supremo de Irak informó a Amnistía Internacional de que el Consejo Presidencial (formado por el presidente y los dos vicepresidentes) había ratificado 128 condenas de muerte, confirmadas ya por el Tribunal de Casación. Las autoridades iraquíes no han revelado la identidad de las personas que van a ser ejecutadas, lo que aumenta el temor de que muchas de ellas hayan sido condenadas a muerte tras procedimientos que no han respetado las normas internacionales sobre juicios justos. Es probable que la mayoría hayan sido condenas por el Tribunal Penal Central de Irak, cuyos procedimientos incumplen constantemente tales normas. Posiblemente, algunas hayan sido declaradas culpables de delitos, como asesinato o secuestro, sobre la base de confesiones que, según han denunciado, las fuerzas de seguridad iraquíes les extrajeron mediante tortura durante su detención preventiva. El Tribunal Penal Central no investiga debidamente tales denuncias. La tortura de detenidos a manos de las fuerzas de seguridad iraquíes sigue estando muy extendida. "Sencillamente, el sobrecargado sistema judicial de Irak no puede garantizar un juicio justo en las causas penales ordinarias, y mucho menos en las causas por delitos penados con la muerte, lo que tememos que haya dado lugar a la ejecución de muchas personas tras juicios injustos," ha señalado Malcolm Smart. "Irak continúa sufriendo altos niveles de violencia política, pero la respuesta no es la pena de muerte, que, debido a su efecto embrutecedor, puede estar agravando la situación. El gobierno iraquí debe ordenar la detención inmediata de estas ejecuciones y establecer una moratoria de todas las demás ejecuciones en Irak." Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades iraquíes que hagan pública toda la información relativa a las 128 personas que van a ser ejecutadas, incluidos sus nombres completos, los cargos que se presentaron contra ellas, las fechas de sus detenciones y de sus juicios y apelaciones, y los lugares donde se encuentran actualmente recluidas.