En México, cinco activistas indígenas de derechos humanos llevan casi un año en prisión, pese a que no hay pruebas suficientes en su contra.
Los miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM) del estado de Guerrero, están recluidos en una prisión de ese estado, acusados de asesinato. Fueron detenidos en abril de 2008.
Al recluir injustamente a los cinco hombres, las autoridades mexicanas están incumpliendo los compromisos de derechos humanos adquiridos ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hace un mes.
El 20 de octubre de 2008, el juez federal que examinó el recurso de amparo ordenó la liberación de cuatro de ellos, tras resolver que las pruebas presentadas no los incriminaban. Sin embargo, los cuatro aún permanecen detenidos, ya que la Procuraduría General de la República apeló contra esta resolución, a pesar de que no aportaba nuevas pruebas. En la actualidad aguardan el fallo de la corte federal que examina su caso.
El juez federal denegó el amparo a Raúl Hernández, el quinto detenido, alegando que dos testigos habían declarado que estaba presente en el momento del crimen. Sin embargo, no se han tenido en cuenta los testimonios de testigos presenciales que aseguran que Raúl Hernández no estaba presente. Raúl Hernández ha apelado contra la decisión que le denegó el amparo.
“Hace menos de un mes, México se comprometió a proteger la vida e integridad física de los defensores de derechos humanos ante el Consejo de Derechos Humanas de la ONU”, manifestó Susan Lee, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.
“Amnistía Internacional considera que los cargos contra los cinco presos de conciencia se han presentado en represalia por sus actividades legítimas de promoción de los derechos de su comunidad, y su denuncia de los abusos de un cacique local y de las autoridades locales.”
“Cuando se castiga a activistas sociales por su trabajo legítimo, las autoridades envían el mensaje de que proteger y promover los derechos humanos conlleva un alto precio.”
El 17 de abril de 2008 fueron detenidos Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega, Romualdo Santiago y Raúl Hernández. Se los acusó del asesinato de Alejandro Feliciano García, cometido el 1 de enero de 2008 en la localidad de El Camalote, Guerrero. Los cinco recibieron el alto al cruzar un control militar de rutina en la zona y fueron puestos bajo custodia.
A lo largo de los años, Amnistía Internacional ha documentado un patrón de acoso e intimidación contra miembros de organizaciones como la OPIM que defienden los derechos de los indígenas en el estado de Guerrero.
Muy recientemente, el secretario y el presidente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), fueron hallados muertos la noche del 20 de febrero en el municipio de Tecoanapa, estado de Guerrero. Los cuerpos de los dos hombres estaban enterrados a treinta minutos en automóvil del lugar donde fueron secuestrados por hombres armados siete días antes. Los dos cuerpos fueron identificados por sus familias, quienes informaron de que presentaban señales claras de tortura.
Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades mexicanas que pongan en libertad de forma inmediata e incondicional a los cinco presos de conciencia recluidos en el penal de Ayutla de los Libres, estado de Guerrero, y que lleven ante la justicia a los autores del asesinato de Manuel Ponce Rosas y Raúl Lucas Lucía.