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Uso indebido del sistema de justicia para desprestigiar a activistas colombianos

Las autoridades colombianas han reanudado las actuaciones penales entabladas contra dos destacados y  respetados activistas colombianos. El padre Javier Giraldo, cura jesuita, y Elkin Ramírez, abogado de la ONG Corporación Jurídica Libertad, están acusados del delito de "injuria, calumnia y falsa denuncia". Ambos llevan mucho tiempo denunciando la matanza de ocho miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, departamento de Antioquia, en febrero de 2005, así como otros abusos contra los derechos humanos cometidos en la región. La Fiscalía General ha implicado en la matanza de 2005 a miembros de las fuerzas de seguridad y de grupos paramilitares. La causa penal contra Javier Giraldo y Elkin Ramírez se abrió en 2005. El coronel Néstor Duque, entonces comandante del Batallón de Ingenieros Carlos Bejarano Muñoz de la Brigada XVII del Ejército, presentó una acusación de injuria, calumnia y falsa denuncia, a raíz de que los dos activistas denunciaran a la Brigada XVII por irregularidades observadas en la detención de miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó en 2004. Entre los implicados en la matanza cometida en San José en 2005, hay soldados de la Brigada XVII del Ejército. Cuando se perpetró la matanza, el coronel Duque era comandante de la Brigada XVII. "Tememos que la decisión de reabrir la causa contra el padre Javier Giraldo y Elkin Ramírez sea un intento de desprestigiarlos con el fin de menoscabar las investigaciones criminales sobre la participación de la Brigada XVII en los homicidios de San José", manifestó Marcelo Pollack, director adjunto del Programa para América de Amnistía Internacional. "Las autoridades deben dejar de una vez por todas de utilizar el sistema de justicia del país para menoscabar el trabajo legítimo de los defensores de los derechos humanos. De lo contrario, seguirán poniendo en peligro la vida de estas personas y socavando los esfuerzos para acabar con la impunidad." Los defensores y defensoras de los derechos humanos y otros activistas colombianos, como los sindicalistas, siguen recibiendo amenazas y siendo víctimas de homicidio por su trabajo de denuncia de abusos contra los derechos humanos. Sólo en 2008 fueron víctimas de homicidio más de 12 defensores de los derechos humanos y más de 46 sindicalistas. Una de las últimas víctimas ha sido Álvaro Miguel Rivera Linares, activista que trabajaba sobre cuestiones de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT) y sobre los derechos de las personas con VIH/sida. El 6 de marzo de 2009 se encontró su cadáver, atado y amordazado, en su apartamento, en la ciudad de Cali. "Es irónico que se haga a menudo un uso indebido de la principal línea de defensa de los defensores de los derechos humanos --la ley y el sistema judicial-para hostigar e intimidar a estos activistas", señaló Marcelo Pollack. "En vez de perseguir a estas personas, las autoridades deben brindarles una mejor protección frente a los ataques, y llevar a los responsables ante la justicia." "Una manera efectiva de combatir el hostigamiento y las agresiones contra activistas es que las autoridades reconozcan públicamente la inestimable labor de quienes defienden los derechos humanos. Esto transmitiría un poderoso mensaje a quienes pretenden menoscabar de forma violenta el trabajo de los defensores."