El viernes 6 de marzo se celebraron en Bogotá y otras ciudades colombianas diversas protestas centradas en el continuado problema de los homicidios ilegítimos cometidos por las fuerzas de seguridad.
En los últimos años, organizaciones colombianas e internacionales de defensa de los derechos humanos tratan de que este problema sea objeto de la atención nacional e internacional y piden a las autoridades que actúen.
Los informes indican que en 2007 miembros de las fuerzas de seguridad mataron ilegítimamente al menos a 330 civiles. Los militares presentaron a menudo a las víctimas, en su mayoría campesinos, como “guerrilleros muertos en combate”.
Muchos de los homicidios se remiten al sistema de justicia militar, que habitualmente los da por cerrados sin realizar un intento serio de hacer que los responsables rindan cuentas.
Las manifestaciones las organizó la coalición de derechos humanos Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).
A consecuencia de su trabajo de denuncia de los homicidios ilegítimos y de la impunidad en que se ven envueltos estos casos, miembros de organizaciones colombianas de derechos humanos han recibido amenazas de muerte y han sido objeto de pública crítica por parte de autoridades gubernamentales, que sugieren que su trabajo forma parte de la estrategia de la guerrilla para desacreditar a las fuerzas de seguridad.
Varios sindicalistas y defensores de los derechos humanos colombianos fueron víctimas de homicidio o recibieron amenazas justo antes o poco después de las manifestaciones masivas del 6 de marzo del pasado año, también organizadas por el MOVICE. En aquella ocasión, numerosas organizaciones colombianas de derechos humanos también recibieron amenazas por correo electrónico, que según los informes procedían de grupos paramilitares.
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, debe pronunciarse con firmeza en apoyo de la importante y legítima labor de los defensores y defensoras de los derechos humanos.
“De lo contrario se arriesga a dar luz verde a quienes desean atacarlos”, ha dicho Marcelo Pollack, del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
“Las amenazas y los homicidios que ensombrecieron trágicamente las manifestaciones del año pasado no deben repetirse. Las autoridades colombianas deben garantizar el derecho legítimo de todos a protestar pacíficamente”.
Amnistía Internacional ha hecho este llamamiento a las autoridades colombianas para que garanticen la seguridad de los organizadores y participantes en las manifestaciones del 6 de marzo de este año. La organización ha pedido también a las autoridades que investiguen eficaz e imparcialmente los homicidios y amenazas del año pasado, así como los abusos contra los derechos humanos perpetrados contra defensores de los derechos humanos, sindicalistas y otros activistas, y que pongan a todos los responsables a disposición judicial.
El conflicto armado de Colombia ha enfrentado a las fuerzas de seguridad y a los paramilitares contra los grupos guerrilleros durante más de 40 años. La población civil sigue siendo la principal víctima de este conflicto, ya que ambas partes vulneran una y otra vez su derecho a no verse involucrada en las hostilidades.
Todas las partes en conflicto –fuerzas de seguridad, paramilitares y grupos guerrilleros– son responsables de abusos sistemáticos y generalizados contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario.