Las autoridades mexicanas han retirado los cargos penales contra cuatro indígenas defensores de los derechos humanos que llevan casi un año encarcelados en el estado de Guerrero, pese a no existir pruebas suficientes contra ellos. Se espera que sean liberados esta semana.
Amnistía Internacional ha acogido con satisfacción la decisión de retirar los cargos pero mantiene su llamamiento para que se libere al defensor de derechos humanos que sigue detenido, acusado de cargos penales falsos.
Los cinco miembros de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM): Manuel Cruz, Orlando Manzanarez, Natalio Ortega, Romualdo Santiago y Raúl Hernández fueron detenidos y llevados a una prisión del estado de Guerrero bajo cargos de homicidio el 17 de abril de 2008. Todos los cargos en contra de ellos, menos en el caso de Raúl Hernández, fueron retirados ayer debido a la falta de pruebas en su contra.
“Nunca hubo suficientes pruebas para justificar el encarcelamiento de estos indígenas defensores de los derechos humanos”, ha dicho Susan Lee, directora del Programa de América de Amnistía Internacional. “La decisión de retirar los cargos en su contra es una noticia muy positiva; el siguiente paso urgente es acabar con la detención y juicio injusto contra Raúl Hernández”.
“Ya es hora de que las autoridades reconozcan que el juicio en contra de estos indígenas defensores de los derechos humanos tiene una motivación política, está basado en pruebas falsas y poco fiables, y busca castigarlos por sus actividades legítimas de promoción y defensa de los derechos humanos de su comunidad”.
La OPIM fue creada en 2002 para defender y promover los derechos de los indígenas Me’phaa (Tlapanecas) en México.
El sur del estado de Guerrero, donde viven alrededor de 116.000 Me’phaa, tiene uno de los mayores niveles de marginación y los indicadores de desarrollo humano más bajos de México.
Amnistía International ha documentado una constante de hostigamiento e intimidación en contra de miembros de organizaciones que defienden los derechos indígenas en el estado de Guerrero, como la OPIM, desde hace muchos años. El 20 de febrero, el secretario y el presidente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM) fueron hallados muertos en el municipio de Tecoanapa, estado de Guerrero.
Los cadáveres de los dos hombres estaban enterrados a treinta minutos en automóvil del lugar donde fueron secuestrados por hombres armados siete días antes. Los dos cuerpos han sido identificados por sus familias, quienes han informado de que presentaban señales claras de tortura.