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Mueren guardias de frontera bajo custodia

En las últimas dos semanas han muerto en Bangladesh cuatro guardias de fronteras que se encontraban bajo custodia. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades del país que constituyan un órgano independiente, imparcial y competente para investigar esas muertes. 

Los cuatro miembros de los Fusileros de Bangladesh (Bangladesh Rifles, BDR) se encontraban entre los centenares de integrantes de ese cuerpo que habían sido detenidos y sometidos a interrogatorio como sospechosos de implicación en la muerte de más de 70 personas, entre ellas no menos de 55 miembros del ejército, durante el amotinamiento de fusileros ocurrido en febrero durante dos días.

Nayek subedar Mozammel Haq murió el 9 de marzo; Waheduzzaman, empleado de los BDR, murió el 15 de marzo; Monir Hossain, cipayo, murió el 17 de marzo, y Lance nayek Mobarak Hossain murió bajo custodia el 22 de marzo. No está claro si estas personas, en el momento de producirse su fallecimiento, estaban bajo custodia del ejército o de la policía.

Informes fidedignos sugieren que estos detenidos podrían haber muerto a consecuencia de las torturas sufridas. Autoridades gubernamentales han declarado que los dos primeros se suicidaron y que los otros dos murieron a causa de sendos ataques cardiacos. Sin embargo, fuentes hospitalarias han dejado constancia de que las muñecas, brazos, rodillas y hombros de la última de las cuatro víctimas estaban inflamados y presentaban hematomas de consideración.

Se desconoce el número exacto de efectivos de los BDR puestos bajo custodia, pero fuentes gubernamentales lo cifran en más de 400. Es muy escasa la información independiente sobre las circunstancias en que se encuentran detenidas esas personas o sobre el trato que reciben bajo custodia. En la inmensa mayoría de casos no se han permitido visitas de familiares. También se desconoce si esas personas tienen acceso a abogado o si pueden siquiera recibir asistencia médica, caso de necesitarla.

Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de Bangladesh que garantice que a los detenidos no se los someterá a tortura, que tendrán acceso a asistencia letrada, que se les permitirá recibir visitas de sus familiares y que podrán impugnar la legalidad de su detención. Todos deben ser puestos en libertad sin demora a no ser que se presenten en su contra cargos por delitos comunes reconocibles y comparezcan ante un tribunal de justicia independiente.

Sam Zarifi, director del programa sobre Asia y Oceanía de Amnistía Internacional, ha declarado: "El gobierno debe actuar de inmediato para garantizar que a todo detenido que precise atención médica se le proporciona sin demora".

"La investigación tiene que ser rigurosa en el establecimiento de las causas de estas muertes, y cualquiera que sea hallado responsable de ellas, incluidos quienes tengan responsabilidades de mando, debe ser puesto a disposición de la justicia conforme a lo que disponen las normas internacionales sobre la celebración de juicios con las garantías debidas, y sin que exista la posibilidad de imposición de la pena de muerte.”

"Una investigación imparcial beneficiará al gobierno, puesto que, actuando de ese modo, se granjeará la confianza y lealtad de las fuerzas armadas y evitará que en el futuro se repitan situaciones como esta."

Los días 25 y 26 de febrero, guardias de seguridad fronteriza se amotinaron durante 33 horas en la sede de los BDR en Pilkhana. Según medios de comunicación bangladeshíes, las causas del amotinamiento fueron reivindicaciones salariales y laborales en el seno de los BDR. Autoridades gubernamentales aseguran que todo ha sido un complot para derrocar al gobierno surgido de las recientes elecciones.

En Bangladesh es generalizada y endémica la tortura en los interrogatorios de personas sospechosas de haber cometido un delito. Organizaciones de derechos humanos, la sociedad civil e incluso la judicatura, han formulado reiterados llamamientos para que se proteja a las personas contra esas prácticas.