Las autoridades de Azerbaiyán deben resolver inmediatamente los casos de los jóvenes Dmitri Pavlov, Maksim Genashilkin y Ruslan Bessonov, que llevan privados de libertad desde hace cuatro años.
En una declaración pública realizada el viernes 13 de marzo, Amnistía Internacional ha instado a las autoridades a que pongan en libertad de inmediato a los tres jóvenes, bien hasta que sean juzgados de nuevo sin demora y con garantías en un juicio que cumpla las normas internacionales de derechos humanos, o bien incondicionalmente, retirando los cargos contra ellos.
Dmitri Pavlov, Maksim Genashilkin y Ruslan Bessonov, residentes en el distrito de Surakhan de la capital, Bakú, fueron detenidos el 14 de marzo de 2005, cuando los dos primeros tenían 15 años y el tercero 16. Dmitri Pavlov quedó en libertad unos días más tarde y volvió a ser detenido en agosto de 2005. En la actualidad los tres permanecen recluidos, acusados del asesinato de otro adolescente, Vusal Zeynalov.
Los tres han sido sometidos a otras violaciones de sus derechos en virtud del derecho internacional de los derechos humanos: no se les permitió que informaran enseguida de su detención a sus familias o que alguien se la notificara de inmediato, y, según los informes, sus padres no se enteraron hasta unas ocho horas después. Además, ninguno de los tres pudo acceder sin demora a un abogado. Por otro lado, según los informes, los tres fueron golpeados y sometidos a otros malos tratos bajo custodia. Al parecer, después de sufrir este trato y de que se les negara el alimento, el agua y el sueño, el acceso a asistencia letrada y la posibilidad de ver a sus padres, los tres se vieron obligados a firmar confesiones y declaraciones falsas incriminándose mutuamente en el asesinato.
Algunos de sus familiares consideran que es posible que los investigadores hayan puesto en el punto de mira a los jóvenes a causa de su etnia rusa, que permitiría atribuir al crimen una motivación étnica. Su abogado ha declarado: “Estos chicos han sido elegidos (como chivos expiatorios) por no ser de etnia azerí, ser huérfanos de padre en el caso de dos de ellos y proceder de hogares pobres, y por tanto de familias vulnerables, sin nadie de ‘arriba’ que las proteja”.
Las actuaciones judiciales contra los jóvenes se han prolongado más allá de toda lógica, violando su derecho a ser juzgados en un plazo razonable.
En junio de 2007, los tres jóvenes fueron condenados a 10 años de cárcel, y el Tribunal de Apelación de Bakú confirmó la condena en enero de 2008.
En abril de 2008, el Tribunal Supremo nacional resolvió que el Tribunal de Apelación de Bakú había violado los derechos de los tres jóvenes a un juicio justo.
Durante el segundo examen del caso, el Tribunal de Apelación mantuvo la sentencia condenatoria dictada contra los tres jóvenes en julio de 2008. Sin embargo, esta decisión fue anulada, una vez más, en enero de 2009 por el Tribunal Supremo.
Sus casos están ahora siendo examinados de nuevo por el Tribunal de Apelación por tercera vez. Amnistía Internacional sigue pidiendo que se investiguen de forma minuciosa, independiente e imparcial las denuncias de malos tratos bajo custodia de los jóvenes. Si se confirman, los tres deben recibir reparación, incluida una indemnización, y los responsables deben ser puestos a disposición judicial con garantías.
A Amnistía Internacional le preocupa que los derechos de Dmitri Pavlov, Maksim Genashilkin y Ruslan Bessonov a un juicio con garantías hayan sido violados, como señalan los dos fallos del Tribunal Supremo. Además, a la organización le preocupa que la actual revisión del caso pueda no ajustarse tampoco a las normas sobre juicios con garantías y que Dmitri Pavlov, Maksim Genashilkin y Ruslan Bessonov estén detenidos arbitrariamente.