Las comunidades que han adoptado una postura activa en defensa de su derecho como civiles a no verse involucradas en el largo conflicto armado de Colombia están siendo castigadas por ambas partes. Las “comunidades en resistencia” llevan años sufriendo los ataques de las fuerzas de seguridad y paramilitares y los grupos guerrilleros de Colombia.
Las comunidades afrodescendientes en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el departamento de Chocó, y la Comunidad de Paz de campesinos de San José de Apartadó, departamento de Antioquia, sólo son dos ejemplos de esas “comunidades en resistencia” que sufren ataques.
Se han establecido zonas humanitarias en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó para tratar de proteger a sus habitantes de los ataques y sus tierras frente a las invasivas e ilegales plantaciones de aceite de palma, así como para transmitir a las partes en conflicto el potente mensaje de que deben respetarse sus derechos como civiles.
“Las comunidades afrodescendientes, indígenas, y de campesinos y están entre las más afectadas por el conflicto -manifestó Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia-. Para algunas, los ataques tienen como fin atemorizar a otras comunidades para disuadirlas de organizarse o castigar a quienes ya han tomado una postura, mientras que en otros casos, el objetivo de los ataques es conseguir que esas comunidades se desplacen de unos terrenos ricos en recursos naturales o de importancia estratégica para uno u otro bando.”
La Comunidad de Paz de San José de Apartadó se constituyó en 1997 y desde entonces se ha comprometido a no participar en el conflicto ni a dejarse involucrar en él. Sus miembros se niegan a portar armas y a facilitar información o apoyo logístico a cualquiera de las partes en conflicto. Las fuerzas de seguridad y paramilitares siguen sosteniendo que es una comunidad subversiva, mientras que los grupos guerrilleros la acusan de ponerse de parte de sus enemigos.
Desde el establecimiento de esta Comunidad de Paz se ha dado muerte o sometido a desaparición forzada a más de 170 de sus miembros. La semana pasada, la Comunidad de Paz conmemoró el cuarto aniversario del homicidio de ocho de sus miembros el 21 de febrero de 2005. Las investigaciones judiciales han implicado a miembros de las fuerzas de seguridad y paramilitares en los homicidios.
El conflicto de Colombia ha dejado comunidades enteras aisladas y a sus habitantes atrapados, sin poder acceder a alimentos ni medicamentos debido a los combates o a las restricciones de transporte que les han impuesto las partes en conflicto, que a menudo aducen que las mercancías iban destinadas a sus enemigos.
Entre tres y cuatro millones de personas se han visto forzosamente desplazadas por la violencia en Colombia; han tenido que dejar sus casas debido a las amenazas de las partes en conflicto. Esta cifra de desplazamientos forzosos sitúa a Colombia en segundo lugar después de Sudán.
“El conflicto de Colombia, que dura ya 40 años, es el relato de incontables comunidades destruidas y tragedias humanas -afirmó Marcelo Pollack-. Las fuerzas de seguridad y paramilitares y los grupos guerrilleros deberían respetar y no castigar a quienes defienden su derecho a no participar en un conflicto.”
Amnistía Internacional pide a las autoridades colombianas que investiguen y lleven ante la justicia a todos los autores de abusos contra los derechos humanos de los miembros de estas “comunidades en resistencia”, y les pide asimismo que adopten con carácter urgente todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad como las propias comunidades crean conveniente.
“Todas las partes deben respetar también el derecho a la vida de estas comunidades y de cualquier otra comunidad de civiles, y garantizar que no son arrastradas a participar en el conflicto,” manifestó Marcelo Pollack.