El gobierno surcoreano celebró el pasado jueves 12 de febrero una reunión para analizar si debe reanudarse la aplicación de la pena capital en el país. La reunión ha tenido lugar tras la detención del presunto asesino de siete mujeres y en un contexto de indignación pública.
Corea del Sur se convirtió en país abolicionista de hecho en diciembre de 2007 tras mantener durante una década una moratoria, no oficial, sobre las ejecuciones. Las últimas ejecuciones consumadas en el país se llevaron a cabo el 31 de diciembre de 1997, cuando se ejecutó a 23 personas.
En una carta abierta dirigida el viernes 13 de febrero al presidente surcoreano Lee Myung-bak, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, instó a que no diera marcha atrás a la reciente práctica de Corea del Sur y no ejecutara ninguna pena capital.
Al tiempo que reconocía la alarma social que los recientes asesinatos han generado en Corea del Sur, Irene Khan manifestó: “Deseo subrayar que nuestra oposición a la pena de muerte en nada disminuye nuestra profunda condolencia por las víctimas de crímenes violentos y nuestra solidaridad hacia sus seres queridos.”
“Sin embargo, Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos y la considera una violación del derecho a la vida y la forma de castigo más extrema, cruel, inhumana y degradante.”
En la reunión del jueves, en la que participaron miembros del gobernante Gran Partido Nacional, representantes de la Policía Nacional Coreana y de los Ministerios de Justicia y Administración y Seguridad Pública, se debatió si había que ejecutar a los 58 internos actualmente condenados a muerte y si debía aprobarse la pena de cadena perpetua sin posibilidad de conmutación.
La reanudación de las ejecuciones en Corea del Sur sería contraria a la protección universal de los derechos humanos en unos momentos en que hay una tendencia internacional clara hacia la abolición de la pena de muerte.
Irene Khan ha agregado: “En los últimos cinco años, los gobiernos de Uzbekistán, Ruanda, Filipinas, Grecia, Albania, México, Turquía, Bhután y de otros países han eliminado la pena capital de sus respectivos ordenamientos legislativos”.
“En la actualidad, 138 países han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. Es cada vez más raro que se lleven a cabo ejecuciones. En 2007, sólo se consumaron ejecuciones en 24 países. La cifra para 2008 será muy similar.
Irene Khan concluye: “Insto al gobierno de Corea del Sur a que se incorpore definitivamente a la tendencia internacional a abandonar el uso de la pena de muerte y a que se abstenga de reanudar las ejecuciones.”