Se ha pedido a los gobiernos estatales de Nigeria que no amplíen el ámbito de aplicación de la pena de muerte a delitos como el secuestro.
Pese a que en Nigeria hay una moratoria de las ejecuciones autoimpuesta, los estados de Anambra, Enugu y Rivers han declarado su intención de aplicar la pena capital al delito de secuestro. En Abia, se han llevado a cabo reformas legislativas a fin de tipificar el secuestro como delito punible con la muerte.
Amnistía Internacional, junto con el Instituto de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Nigeria y diversas ONG nigerianas, ha hecho un llamamiento a los estados para que no tomen medidas que vayan en contra de la tendencia nacional e internacional hacia la reducción del número de delitos punibles con la muerte.
“Las autoridades tienen el deber de proteger a la población frente al secuestro. No obstante, la experiencia demuestra que la amenaza de la pena de muerte no es una respuesta eficaz a este u otros delitos violentos. Se trata más bien de una medida que toman los políticos para que parezca que están actuando con firmeza contra la delincuencia. Existen otros factores disuasorios más importantes,” afirmó Aster Van Kregten, investigador de Amnistía Internacional sobre Nigeria.
Entre 1970 y 1999, pese a la ejecución de más de 2.600 presos en Nigeria, la delincuencia no disminuyó. De hecho, donde a menudo disminuye la tasa de delincuencia es en países que han abolido la pena de muerte.
El 9 de febrero de 2009, en el cuarto periodo de sesiones del Examen Periódico Universal de la ONU, el ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria afirmó que: “en Nigeria sigue vigente una moratoria autoimpuesta.”
Los gobiernos estatales deben adoptar esa postura y abstenerse de ampliar el ámbito de aplicación de la pena de muerte. También deben adoptar una moratoria de las ejecuciones con vistas a abolir la pena capital, de acuerdo con la resolución 62/149 de la Asamblea General de la ONU sobre una moratoria del uso de la pena de muerte.
La ampliación del ámbito de aplicación de la pena de muerte contraviene los compromisos adquiridos por Nigeria en materia de derechos humanos como Estado miembro de la ONU. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha pedido a los Estados que reduzcan el número de delitos punibles con la muerte, limitando su aplicación a “los más graves delitos”.
En Nigeria, dos grupos de expertos creados por el ex presidente Obasanjo -el Grupo Nacional de Estudio sobre la Pena de Muerte (2004) y la Comisión Presidencial de Reforma de la Administración de Justicia (2007)- han recomendado una moratoria del uso de la pena de muerte.