Según cálculos oficiales, el año pasado más de 1.200 personas murieron y entre 200.000 y 500.000 se vieron desplazadas en el valle de Swat a causa de los combates entre grupos talibanes paquistaníes y el ejército..
Se insta al gobierno paquistaní a actuar de forma inmediata para proteger a cientos de miles de personas frente a los insurgentes, tanto en el valle de Swat como en cualquier otra zona del país.
“En los últimos cinco años, la respuesta del gobierno al auge de la insurgencia en Swat y en las zonas tribales ha oscilado entre lanzar operaciones militares a menudo indiscriminadas y desproporcionadas, que han afectado principalmente a la población civil, y dejar a ésta abandonada a su suerte ante los abusos de los grupos insurgentes”, ha declarado Sam Zarifi, director del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional.
Desde 2007, un grupo armado local afiliado ideológicamente al movimiento talibán de Afganistán se ha hecho con el control efectivo de casi el 80 por ciento del territorio del valle de Swat. Esta zona fue en su día un destino turístico situado a sólo 160 kilómetros de Islamabad; allí vive normalmente alrededor de un millón y medio de personas.
En los dos últimos años, el clérigo radical Maulana Fazlullah y sus seguidores se han ido haciendo con el control del valle de Swat, donde han impuesto un gobierno de facto. El grupo ha consolidado su dominio estableciendo un sistema paralelo de justicia, con más de 70 “tribunales” para administrar “justicia rápida y fácil”, que en la práctica significa imponer penas que constituyen trato cruel, inhumano o degradante. Los talibanes paquistaníes han amenazado recientemente con matar a todos los abogados y jueces que no dejen de trabajar para el sistema judicial del Estado.
En Swat, los talibanes paquistaníes han cometido graves abusos contra los derechos humanos, entre ellos el homicidio ilegítimo de decenas de empleados del gobierno, así como de personas que ellos consideran que han incumplido sus edictos. Han azotado públicamente a hombres por afeitarse la barba, destruido tiendas por vender música y prohibido a las mujeres salir de sus casas sin ir acompañadas de un familiar varón.
A la plaza mayor de Mingora, la mayor ciudad de la zona, se la conoce localmente como “Khooni Chowk” (“plaza sangrienta”), por los más de 20 cadáveres que los talibanes paquistaníes han exhibido públicamente en ella.
“Los talibanes paquistaníes han demostrado su desprecio por la vida y los derechos de los habitantes del valle de Swat, mientras que el ejército paquistaní ha violado con frecuencia los derechos humanos y desatendido la seguridad de la población que aparentemente intenta proteger” ha manifestado Sam Zarifi.
Se calcula que hay unos 3.000 insurgentes talibanes en el valle de Swat. Estos grupos suelen poner en peligro a la población civil buscando refugio en los pueblos a sabiendas de que al hacerlo pueden provocar una reacción del ejército.
Hasta 15.000 soldados ha desplegado el gobierno en Swat para erradicar a los insurgentes. Estas tropas han utilizado helicópteros de reconocimiento armado y artillería pesada en sus operaciones, a menudo de manera indiscriminada, con los consiguientes perjuicios para la población civil. Decenas de miles de personas han huido de la zona y hablan de temor a las operaciones militares del gobierno, más que a los talibanes.
“El gobierno paquistaní debe aplicar una estrategia centrada en el respeto de los derechos y el bienestar de sus ciudadanos y abstenerse de llevar a cabo torpes operaciones militares que pongan en peligro a la población civil. Y tiene asimismo que garantizar que no deja a sus ciudadanos a merced de los talibanes.”
Amnistía Internacional ha condenado la campaña de los talibanes paquistaníes contra la educación, especialmente la de las niñas. En los últimos 18 meses, los talibanes han destruido más de 170 escuelas en Swat, más de 100 de ellas de niñas. Estos ataques han interrumpido la formación de más de 50.000 alumnos, desde primaria hasta la universidad, según cálculos oficiales.
La organización ha instado al gobierno a que tome medidas de protección para garantizar que todos los alumnos de ambos sexos, incluidos los de familias que han huido de sus hogares, tienen acceso a la educación cuando se vuelvan a abrir las escuelas el 1 de marzo.